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Alto contrasteLa “inflación” del oficial de cumplimiento
MARÍA ELISA UNDURRAGA Abogada de Arteaga Gorziglia
Chile ha avanzado en los últimos años hacia un modelo regulatorio basado en el cumplimiento preventivo, siguiendo una positiva tendencia mundial en materia de compliance. Este enfoque ha permitido que las organizaciones adopten estándares más exigentes en transparencia, ética y gestión de riesgos, fortaleciendo la confianza en los mercados y en las instituciones.
Sin embargo, el desarrollo de este modelo ha estado marcado por una lógica fragmentada: cada nueva ley impone a las empresas la creación de su propio “encargado” o “responsable”, lo que invita a cuestionar la sostenibilidad y los costos de este esquema.
“Cada nueva ley impone a las empresas la creación de su propio “encargado”. El resultado es una proliferación de estructuras paralelas y mayores costos”.
Así, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas introdujo la figura del encargado de prevención de delitos; la Ley Marco de Ciberseguridad exige a ciertas empresas designar un responsable de ciberseguridad; y la nueva Ley de Protección de Datos Personales crea el delegado de protección de datos. En el ámbito laboral, se suman los delegados de seguridad, los comités paritarios y los departamentos de prevención, entre otros.
El resultado es una proliferación de estructuras paralelas que muchas veces se superponen, generando duplicidad de funciones, mayores costos administrativos y dificultades de coordinación. Esta situación se ve agravada por los roles adicionales que exigen distintas autoridades sectoriales.
A modo de ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero impone a ciertos fiscalizados la designación de encargados de continuidad operacional o de gestión de riesgos; y diversas industrias deben contar con un encargado ambiental, ya sea por disposición de su Resolución de Calificación Ambiental o por normas específicas de un sector.
No cabe duda de que todas estas obligaciones persiguen fines loables —proteger los datos personales, promover la probidad, resguardar la dignidad en el trabajo, garantizar el correcto funcionamiento del mercado y reforzar el control ambiental—. Pero en conjunto generan una carga de cumplimiento creciente y costosa, especialmente para las medianas empresas, que deben destinar cada vez más recursos a cumplir formalidades antes que a fortalecer de manera efectiva su cultura de cumplimiento.
Ante este escenario, la respuesta no es abandonar el enfoque preventivo, sino repensarlo.
Lo que se requiere es avanzar hacia un marco más integral, coherente y coordinado, que articule las distintas exigencias bajo un mismo paraguas de gobernanza corporativa y que mida resultados, no solo procedimientos.
Así el compliance podrá dejar de ser una acumulación de protocolos y transformarse en una herramienta que mejore la cultura empresarial, que realmente fortalezca un ecosistema de buenas prácticas.
