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Alto contrasteLa infraestructura de justicia también tarda y, a veces, no llega
CLEMENTE PÉREZ Abogado, Máster en Políticas Públicas
Clemente Pérez
En un reciente foro entre distintas candidaturas presidenciales sobre infraestructura, organizado por el CPI y en el que participé en representación de la candidatura de Evelyn Matthei, sorprendió el alto grado de consenso técnico con respecto a la necesidad de fomentar la asociación público-privada para poder incrementar la inversión en infraestructura.
Los representantes de Kast, Jara y Matthei, todos promovimos la inversión pública en conjunto con privados, especialmente ante los años de estrechez fiscal que se avecinan. Otra cosa es que los candidatos respalden a sus equipos técnicos, lo que en el caso de Jeanette Jara no ocurre muy a menudo, como hemos visto. Pero al menos, el consenso técnico está.
"La seguridad pública es prioridad para la población. Y la infraestructura cumple un rol facilitador. Es una lástima que, sin razón, las mejoras se posterguen”.
El sistema de concesiones de obras públicas contempla que haya licitaciones competitivas, donde la competencia es “por la cancha” y no “en la cancha”. Nadie espera que haya dos aeropuertos compitiendo entre sí. Por eso la competencia en el proceso de licitación es tan importante, pues es ahí donde se produce el beneficio para los usuarios.
Por lo mismo no se entiende que la concesión del Centro de Justicia de Santiago se haya extendido por 30 meses más, sin licitación. Y al parecer más caro que antes (pese a que ya se pagó la inversión). Claramente, eso es consecuencia de la falta de licitación, o en otras palabras, fruto de una negociación sin competencia.
Algo similar estaría ocurriendo con las cárceles de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua. Su periodo contractual se encuentra próximo a vencer (enero 2026) y no se ha avanzado en la relicitación de estos recintos, que en conjunto albergan a 7.600 reos. Es una lástima, porque aparte de introducir competencia, las nuevas licitaciones constituyen una buena oportunidad de incorporar obras adicionales, mayores estándares de seguridad, más tecnología, en fin, todas las mejoras que la seguridad de este país requiere.
Todo indica que se va a prorrogar la concesión de estas tres cárceles, al igual que en el caso del Centro de Justicia de Santiago, en condiciones menos ventajosas para todos los chilenos.
A propósito, sería de utilidad pública saber si al Consejo de Concesiones, órgano creado por ley con el objeto de asesorar a la ministra de Obras Públicas, se le ha solicitado un informe respecto de los contratos cuyo plazo de concesión se ha cumplido o se encuentran próximo a vencer, y si es del caso, el contenido del mismo.
La seguridad pública es prioridad uno para la población, como es de público conocimiento. Y la infraestructura cumple un rol facilitador: se necesitan más y mejores cárceles, mejores condiciones para impartir justicia y también mucha más tecnología: inhibidores de señal de celular más potentes, tecnología de control de drogas, cámaras, equipos. Es una lástima que, sin razón que se justifique, estas mejoras se posterguen en el tiempo.
