La reforma tributaria que realmente necesitamos

En enero, el SII emitió el Oficio 207, motivado por la preocupación de una holding chilena cuyos ingresos por dividendos y ganancias de capital recibidas desde el exterior tributaban nuevamente en Chile, sólo por transitar por nuestro país, aunque provenían de países con los cuales hemos suscrito convenios para evitar la doble imposición (Brasil, Colombia y Perú) y aun cuando eran luego distribuidos a otro país en igual situación (España). El oficio 207 tiene escaso interés técnico, pues se limita a reproducir las normas legales pertinentes, sin responder a la preocupación de la consultante por este caso de doble tributación no resuelto. Lo relevante es aquello que el SII evita responder. Ese silencio revela las limitaciones de nuestro sistema tributario en materia internacional y las consecuencias que ellas tienen para el país, en cuanto le restan atractivo como una jurisdicción tributaria en la cual situar una plataforma de inversión para la región, pese a las enormes ventajas comparativas que Chile posee por su estabilidad económica e institucional.

Un ejemplo permite entender este problema: si usted es un inversionista y emplea una sociedad chilena como plataforma en Sudamérica, debe estar dispuesto a pagar un adicional de 7,14% sobre las utilidades que dicha plataforma reciba desde alguno de nuestros países vecinos, aun cuando no realice en Chile negocio alguno. Ese es el costo de utilizar una holding chilena. Pero, ¿por qué no usar las llamadas “sociedades plataformas” presentadas con bombos y platillos en la década pasada? Porque no sirven para nada, ya que no pueden beneficiarse de los convenios suscritos por Chile en la región, que es uno de nuestros principales atractivos tributarios. Por eso, el número de “sociedades plataformas” apenas supera la veintena. La misma crítica es aplicable a los fondos de inversión.

En otras latitudes, los países erigidos en plataformas han ofrecido atractivas condiciones. No necesitamos convertirnos en un paraíso tributario. Basta mejorar nuestro sistema de crédito por impuestos soportados en el extranjero, renunciando a gravar una utilidad que no tiene conexión material alguna con nuestro territorio. A cambio, Chile podría convertirse en una economía de servicios, como los Países Bajos en Europa. ¿Qué falta para ello? Pura voluntad política. La reforma tributaria no contempla iniciativa alguna al respecto. Tampoco lo hace el proyecto unificado de fondos. Bajo este escenario, resulta difícil ser optimista. Las posibilidades reales de convertirnos en plataforma de inversiones en Sudamérica se divisan lejanas.