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Columnistas

Ley de permisos sectoriales: necesaria, pero aún insuficiente

PEDRO VARELA Abogado Cariola Díez Pérez-Cotapos

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 8 de julio de 2025 a las 04:02 hrs.

La Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, que ahora está listo para convertirse en ley, tras un año y medio de discusión. Sin embargo, un análisis detallado de su contenido deja abierta la interrogante sobre su eficacia real para enfrentar la asfixiante permisología que hoy obstaculiza la inversión en nuestro país.

Entre las principales novedades de la iniciativa, destaca el establecimiento de los avisos y declaraciones juradas -denominadas Técnicas Habilitantes Alternativas (THA)- como regla general de limitación regulatoria a proyectos o actividades. En principio, esto invierte el paradigma actual: los permisos o autorizaciones pasarían a ser la excepción. Sin embargo, el alcance y efectividad de esta innovación dependerá de lo que dispongan las normativas sectoriales y de un reglamento que defina, entre otras cosas, cuándo efectivamente procederán estas THA en reemplazo de una autorización, quedando un espacio importante de incertidumbre.

“Las reformas al SEIA y al Consejo de Monumentos Nacionales, entre otras, son cambios incluso más necesarios para destrabar las inversiones y contribuir a la reactivación”.

Otro avance relevante es la fijación de plazos máximos para resolver autorizaciones sectoriales -entre 25 y 120 días-, aparejados de mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad administrativa de funcionarios, entre las que destacan las multas por atraso para las jefaturas superiores. Esto es fundamental, pues sin mecanismos de exigibilidad, los plazos no serían más que aspiraciones formales, como ha ocurrido con el límite de seis meses para los procedimientos administrativos de la Ley N°19.880, cuya inobservancia es común y prácticamente impune.

La nueva ley también contempla un procedimiento de tramitación ágil para iniciativas de inversión estratégicas, cuya eficacia, nuevamente, dependerá de lo que disponga un reglamento futuro. Asimismo, destaca el fortalecimiento del Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales como ventanilla única para la tramitación de estos, promoviendo la existencia de procedimientos más transparentes y estandarizados.

Así, la inciativa representa un avance regulatorio relevante y positivo. Sin embargo, está lejos de constituir -por sí sola- una solución integral a la permisología. La apreciación de sus efectos concretos será gradual y probablemente lenta, dada la cantidad de disposiciones reglamentarias para su plena implementación.

Más aún, la normativa debe entenderse como una pieza dentro de un engranaje mucho mayor. Las anheladas reformas (tanto legales como reglamentarias) al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la modernización del Consejo de Monumentos Nacionales y las modificaciones al sistema de concesiones marítimas, entre otras, son cambios igualmente o, incluso, más necesarios para destrabar el potencial de inversión y contribuir a la reactivación.

La tramitación de permisos sectoriales es solo una dimensión, aunque fundamental, de un entramado regulatorio que requiere una mirada sistémica. La ley es, sin duda, un primer paso. Pero aún queda mucho camino por recorrer.

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