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Alto contrasteLos programas presidenciales y la promesa de consolidación fiscal
JUAN PABLO SWETT Presidente Multigremial Nacional JUAN ALBERTO PIZARRO Presidente Comisión Tributaria Colegio de Contadores de Chile
El análisis del cumplimiento de las metas fiscales evidencia una situación en un punto de inflexión. Si bien el país ha logrado mantener su calificación de riesgo, las mismas clasificadoras enfatizaron que de aumentar la deuda pública y no lograrse la consolidación propuesta para los siguientes años, la calificación crediticia puede bajar, con el consiguiente costo financiero para el país y el sector privado
Según el FMI, se prevé que el déficit fiscal se mantenga en 0,9% del PIB al 2029, lo que indica la necesidad de un ajuste significativo para restaurar los equilibrios. Por su parte, la presidenta ejecutiva de LYD ha alertado que la falta de ingresos podría resultar en un déficit fiscal de casi US$ 9.000 millones para 2026, aumentando potencialmente a US$ 11.000 millones con el reajuste del sector público. Adicionalmente, el CFA estima que hay un espacio fiscal limitado para enfrentar futuras contingencias y cumplir con las metas del nuevo gobierno.
“Los programas de gobierno que ignoren o retrasen los ajustes fiscales pueden resultar en una deuda pública que sobrepase el 45% del PIB hacia 2026 e, incluso, la eleven sobre el 50% del Producto en 2029”.
La presión se ve profundizada por el estancamiento de los ingresos tributarios: la recaudación en 2024 llegó a 17,5% del PIB, un nivel similar al de 2011, y se proyecta que incluso un aumento optimista a 19,5% del PIB, no logaría equilibrar ingresos y gastos permanentes. Las reformas tributarias recientes han recaudado menos del 50% de lo prometido, y el FMI sugiere que la nueva Ley de Cumplimiento Tributario no generará más de 0,5% del 1,5% del PIB comprometido. A lo largo de los últimos tres años, el país ha experimentado un incumplimiento consecutivo de las metas fiscales, siendo parte de un escenario más amplio de mantener una situación fiscal deficitaria durante más de una década. Como consecuencia, el expresidente del CFA, Jorge Rodríguez, ha dicho que las holguras fiscales para 2030 son casi inexistentes, lo que limita la posibilidad de nuevos gastos.
En este escenario, las propuestas de los candidatos presidenciales que lideran las encuestas incluyen:
• Evelyn Mathei: un ajuste inmediato en el impuesto corporativo a 23% y un ajuste fiscal de US$ 2.000 millones anuales, con un alza del crecimiento de hasta al menos 1 punto. Sin embargo, su propuesta podría llevar la deuda bruta a 50,64% del PIB, ya que solo financia las medidas que implican menos impuesto y más gasto, sin abordar el déficit de arrastre y prospectivo.
• Jeanette Jara: no propone un ajuste fiscal. Se enfocaría en la recaudación a través de la lucha contra la evasión, cuya recaudación esperada ya ha sido cuestionada por el FMI. Su propuesta de salario vital necesariamente requiere un subsidio estatal, aumentando por tanto el déficit fiscal, pudiendo elevar la deuda a 55% del PIB.
• José Antonio Kast: reducción progresiva del impuesto corporativo a 23% y ajuste fiscal de aproximadamente US$ 6.000 millones al año, lo que podría lograr contener la deuda pública en 41% del PIB, controlando a su vez el déficit fiscal.
• Johannes Kaiser: reducción inmediata del impuesto corporativo a 15% y un ajuste fiscal en torno a US$ 15.000 millones de entrada, lo que podría lograr contener la deuda pública en 42% del PIB, al final del período, controlando a su vez el déficit fiscal
La conclusión es que un programa de gobierno que ignore o retrase ajustes fiscales puede resultar en una deuda pública que sobrepase el 45% del PIB para 2026, e incluso elevarla sobre el 50% del Producto en 2029, lo que pone en riesgo la credibilidad fiscal, la clasificación crediticia y el costo de la deuda. Por su parte, las propuestas que consideran ajustes fiscales significativos y oportunos tendrán más posibilidades de restaurar los equilibrios fiscales necesarios para una consolidación fiscal efectiva hacia 2029, despegue económico del país y el control de la deuda en niveles más saludables cercanos al 40% del Producto.
