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Alto contraste
Luis Larraín
La austeridad fiscal se ha tomado el debate: más allá de dimes y diretes sobre cuál es la cantidad posible de recortar en el presupuesto fiscal, una mayoría de economistas coincide en que es necesario volver a los tiempos en que la austeridad fiscal era un objetivo declarado de las autoridades económicas.
La lenidad de la actual administración en el cumplimiento de las metas de balance estructural (ha incumplido la meta cada año y la brecha es cada vez mayor) influye en este nuevo consenso. La valiosa presencia en el debate del Consejo Fiscal Autónomo ha contribuido también a levantar el tema y vale darle créditos a Sebastián Piñera y Felipe Larraín por su creación.
“Una de las demandas más grandes que tenemos de la ciudadanía es mayor crecimiento económico y el sector público no estaría haciendo el esfuerzo en inversión necesario para ello”.
Un contraste con la frivolidad con que el Presidente Gabriel Boric afirmó que el Gobierno entrega cuentas claras y ordenadas que demuestran responsabilidad fiscal. La verdad es justamente la contraria: déficit cada vez mayores a las proyecciones; eliminación de la glosa republicana; nueva costumbre de la Dipres de sobreestimar los ingresos fiscales para gastar más; y la última triquiñuela: no dejar recursos para reajuste de remuneraciones en el sector público, en circunstancias que habrá reajuste y su no inclusión obligará al nuevo gobierno a sacar fondos de otra parte. Todas, novedades que contiene el proyecto de Presupuesto 2026.
Pero hay más cosas que decir. La primera es que el Presupuesto contempla un alza del gasto efectivo de 2,5% similar al crecimiento esperado del PIB, según las proyecciones de Dopres en el IFP, y no de 1,7% como se destaca, que es el incremento al comparar ley contra ley.
Una segunda cuestión, importante desde el punto de vista del impacto macroeconómico del presupuesto fiscal como instrumento de política, es que mientras el gasto total crece, el gasto en inversión cae un 13% real. Una de las demandas más grandes que tenemos de la ciudadanía es mayor crecimiento económico y el sector público no estaría haciendo el esfuerzo en inversión necesario para ello. El gasto en bienes y servicio y el gasto en personal crecen y hay que “hacerle espacio” a esos aumentos lo que explica la caída de la inversión: una demostración empírica de las prioridades de este Gobierno. Lo mismo puede decirse del gasto en educación superior que sigue creciendo, mientras cae el gasto en educación inicial.
En los últimos 10 años, el gasto en personal del Estado ha crecido 50%, pasando de 4,6% a 7,1% del PIB, sin mejoras significativas en los servicios que reciben los chilenos. Ese es el contexto en que debiera darse la discusión acerca de la necesidad de recortar gastos en el Estado. Rebajar US$ 6.000 millones en 18 meses de un total de US$ 90.000 millones es menos de 7% (4,5% en base anual),un recorte que no debiera asustar a un ministro de Hacienda.
Pero hay más, Rodrigo Valdés ha llamado la atención sobre la deuda escondida: operaciones bajo la línea como bonos de reconocimiento (se hará lo mismo con el “préstamo” de los trabajadores al Estado de la reforma de pensiones, suponemos); capitalización de empresas públicas; CAE. Éstas conforman una deuda no declarada producto de una contabilidad fiscal creativa. Agregue las deudas que deja este Gobierno en vivienda, salud pública y defensa y tendrá un panorama más completo de la necesidad imperiosa de recortar el gasto fiscal.
