Hasta el minuto, el paso del proyecto de ley de Presupuestos por la Sala del Senado podría calificarse de "fructífero". Esto, si se compara con los trámites previos en la comisión especial mixta (donde se rechazaron 24 de 33 partidas) y en la Sala de la Cámara de Diputados (donde 14 erarios fueron votados en contra).
Hasta el minuto, el Ejecutivo ha logrado reponer las partidas rechazadas en los trámites previos, a la espera de un tercer trámite en los próximos días en la Sala de la Cámara Baja y a la espera de cerrar un acuerdo con el oficialismo y la oposición.
Si bien esto último no se ha logrado cerrar todavía, al menos en términos de un acuerdo marco, sí se ha avanzado en temas sectoriales. El pasado sábado 22 de noviembre fue el último plazo para ingresar indicaciones al texto.
Dentro de las enmiendas y lo acordado entre las partes hasta el minuto, destacan varios puntos.
Por ejemplo, en la partida del Congreso Nacional, se repuso la dieta a los exPresidentes y se agregó una glosa sobre la distribución de éstos recursos. Eso sí, en la tarde de este lunes se continuarán las negociaciones respecto a las asignaciones para los exmandatarios.
En la Contraloría General de la República, se agregaron recursos relevantes para la contratación de personal ($ 336 millones adicionales) y para la compra de bienes y servicios ($ 1.200 millones más respecto al proyecto original).
Una de las carteras más perjudicadas para hacer espacio para otros gastos es la de Culturas, las Artes y el Patrimonio, donde se reducen los recursos de las siguientes asignaciones: Pase cultural ($ 1.000 millones); Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural ($ 1.958 millones); Fondo de Fomento Audiovisual ($ 506 millones); Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras ($ 1.000 millones) y Programación y Difusión de los Patrimonios ($ 536 millones).
En la cartera de Economía, se financian medidas para el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, con cargo a reasignaciones dentro de la subsecretaría del ramo. También, se acordó poner discusión inmediata al proyecto de ley de Reactivación del Turismo, hoy en comisión de Hacienda del Senado.
En Hacienda, se acordó precisar y aumentar la información que debe entregar el Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre el nivel del gasto tributario (exenciones) en el país y exige su presentación ante la comisión especial mixta de Presupuestos en octubre. En esta partida, el ministro del ramo, Nicolás Grau, se comprometió a incluir un artículo en la ley de reajuste del sector público para ampliar el alcance de la rebaja del pago de contribuciones para los contribuyentes cuyos terrenos han sido expropiados, sin límite de tiempo; y otro para postergar el plazo del reavalúo de propiedades habitacionales desde enero de 2026 hasta enero del 2027.
En Educación, se eliminó la oración final del último inciso de las glosas 02 de los Servicios Locales de Educación Públicas (SLEP), donde pedía responsabilidades administrativas en caso de sobredotación. La partida aumenta su gasto en $ 7.524 millones, incrementando en Junaeb ($ 9.796 millones) y se recortan gastos en las subsecretarías de Educación ($ 1.272 millones) y la de Educación Superior ($ 1.000 millones).
La principal modificación en Salud es un aumento de $ 15.000 millones destinados específicamente a la normalización y mejoramiento de la resolutividad de los dispositivos de urgencia de atención primaria, con prioridad en servicios rurales. Además, se agregan dos nuevas glosas en el Programa de Atención Primaria: una relacionada con la prórroga de convenios en casos de rediseño de programas y otra sobre el uso de ahorros de Cenabast por parte de los municipios.
En la cartera de Seguridad Pública, en tanto, se repuso lo rechazado en la Cámara de Diputados. También, se agregó la obligación de informar sobre la adquisición de vehículos policiales del "Plan Calles sin Violencia" para las regiones de Arica y Parinacota y del Maule. Además, se añade la posibilidad de financiar acciones para prevenir, controlar, y perseguir el robo de cables y/o cobre con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Para financiar los aumentos presupuestarios en Contraloría, Educación y Salud, en el Tesoro Público se realizaron rebajas en fuentes de financiamiento como el reembolso de gasto electoral ($ 7.900 millones) y la provisión para financiamientos comprometidos ($ 11.160 millones) dentro del Programa de Operaciones Complementarias.
Partidas repuestas
Hasta el momento, la Sala ha aprobado la totalidad de las partidas que ha analizado, ya que no aprobar algunos fondos que provenían de la Cámara también con un rechazo implicaba que solo se aprobarían los gastos permanentes, dejando en cero los desembolsos variables como gastos en trabajadores a honorarios.
De esta manera, el lunes se despacharon los recursos para las carteras de Economía, Hacienda, Interior y Relaciones Exteriores, así como la Contraloría General de la República.
Este viernes, se habían respaldado ocho presupuestos que ya habían sido visados por la Cámara: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; de Defensa Nacional; Obras Públicas; Trabajo y Previsión Social; Transportes y Telecomunicaciones; Deportes; Mujer y la Equidad de Género; y Poder Judicial. Además, se repusieron los recursos para los ministerios de Minería, Secretaría General de Gobierno (Segegob), Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Energía, y Presidencia de la República.
En tanto que el jueves, en su primera jornada de análisis y votación, el Senado aprobó los recursos para cinco partidas: Servicio Electoral (Servel); Bienes Nacionales; Ministerio Público; Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; y Agricultura.
Para la tarde de este lunes, queda pendiente el debate de partidas controversiales, como Desarrollo Social, Salud, Educación, Vivienda, Tesoro Público y Congreso Nacional, por citar algunos.
Con la oposición, en tanto, continúan las tratativas para llegar a algún entendimiento en materia de proyecciones de ingresos, la reposición de la glosa republicana y la mantención del monto nominal del subtítulo 21 para el pago de remuneraciones en el sector público en 2026.
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Sebastian Valdenegro
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