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Alto contrasteGobiernos Regionales: la otra cara del ajuste fiscal
MARCELA RUIZ-TAGLE O. Socia Gemines Consultores
Marcela Ruiz-Tagle
Chile enfrenta un nuevo ciclo presupuestario y reaparece un dilema ya recurrente: cómo financiar demandas sociales crecientes sin descuidar la disciplina fiscal. No se trata de elegir entre una cosa u otra. Sin equilibrio macroeconómico y crecimiento ninguna política pública es sostenible. De hecho, durante 2025 el Ministerio Hacienda aplicó ajustes al Presupuesto vigente equivalentes a 0,3 % del PIB, los que fueron insuficientes para cumplir las metas comprometidas. Tanto el Consejo Fiscal Autónomo como la OCDE y la Comisión Asesora de Hacienda coinciden en la urgencia de aplicar medidas adicionales y persistentes en torno a 0,5 % del PIB, unos US$ 2.000 millones, al menos en el período 2026-2029. Solo así se podrán revertir los desequilibrios estructurales y frenar el alza de la deuda pública.
“Los GORE planifican la estrategia de desarrollo territorial y administran una parte creciente del Presupuesto nacional, pero su desempeño es dispar”.
Las propuestas de intervención apuntan a tres ejes: priorizar ajustes en gasto corriente antes que en inversión, fortalecer el monitoreo trimestral de ingresos y egresos, y revisar programas de bajo impacto con foco en resultados. Se estima que mejoras administrativas permitirían ahorrar entre 0,11 y 0,13 % del PIB. Son cifras modestas en apariencia, pero decisivas para reforzar la credibilidad fiscal del país y con ello sostener la capacidad del Estado para financiar inversión, programas sociales y desarrollo territorial. En este contexto, los Gobiernos Regionales (GORE) adquieren un rol central. Son responsables de planificar la estrategia de desarrollo territorial y administrar una parte creciente del Presupuesto nacional, identificando y priorizando inversiones. Pero su desempeño es dispar.
Al julio, solo cinco regiones habían ejecutado más del 50 % de su presupuesto, mientras otras cinco no alcanzaban ni el 37 %. Las primeras exhiben mayor fortaleza técnica y capacidad para impulsar iniciativas de inversión; las segundas, pese a asignar más recursos a transferencias, no logran gestionarlos con eficiencia. Esto no es un hecho aislado. A cinco años de su implementación, la descentralización sigue mostrando una heterogeneidad marcada entre gobiernos regionales. En la práctica, los presupuestos iniciales suelen ajustarse a la baja y aun así terminan subejecutados. En el caso del presupuesto vigente este alcanza los $ 1,7 billones, es 1,8 % inferior al originalmente aprobado y difícilmente alcanzará una ejecución cercana al 90%. Por eso, considerar recursos por $ 1,6 billones en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2026, como extraoficialmente ha trascendido, no representa una restricción mayor siempre y cuando su asignación considere indicadores de eficiencia y calidad en el gasto ejecutado por cada gobernación y se priorice el desarrollo de inversiones por sobre transferencias.
El verdadero desafío no es solo cuánto se asigna, sino dónde, en qué y cómo se gasta. Y esa es una regla que debieran cumplir todas las autoridades del país, dando señales claras de responsabilidad. Por el contrario, sería irresponsable continuar elevando los presupuestos regionales sin que se vinculen al fortalecimiento de las capacidades técnicas, de forma que se observe un buen, oportuno y pertinente uso de los recursos públicos.
