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Matías Pinto
La disputa geopolítica entre Estados Unidos y China está incorporando instrumentos cada vez menos tradicionales. Uno de ellos parece administrativo, pero puede tener efectos económicos y políticos muy concretos. La visa.
El reciente caso argentino lo muestra con claridad. Ejecutivos de CALF, una cooperativa eléctrica de Neuquén, denunciaron que funcionarios estadounidenses advirtieron sobre posibles restricciones o revocaciones de visas en el contexto de un proyecto tecnológico con Huawei. El episodio adquiere especial relevancia porque ocurre en Neuquén, corazón de Vaca Muerta, y por tanto dentro del ecosistema asociado a uno de los principales recursos estratégicos de Argentina.
La discusión no giraba en torno a una sanción comercial ni a una prohibición formal. Se trataba de algo bastante más sutil. Introducir un costo personal para quienes participan en determinadas decisiones empresariales.
Una sanción económica tradicional afecta a una empresa, un sector o una transacción. Una restricción de visa puede afectar directamente al ejecutivo, director, regulador o autoridad que debe aprobar una inversión, seleccionar a un proveedor o destrabar un proyecto. Ahí cambia la naturaleza del incentivo.
“La disputa geopolítica entre Estados Unidos y China está incorporando instrumentos cada vez menos tradicionales. Uno de ellos: la visa”.
El efecto puede ser especialmente relevante en América Latina, donde buena parte de las elites económicas y políticas está profundamente integrada con EEUU a través de negocios, educación, financiamiento, redes profesionales y vínculos personales. La posibilidad de perder acceso a ese ecosistema introduce una variable privada dentro de una decisión que, en principio, debería evaluarse en función del interés de la empresa, del proyecto o del país.
Chile no es una excepción. Para buena parte de quienes toman decisiones de inversión, regulación o infraestructura estratégica, Estados Unidos forma parte de su vida profesional y personal. En ese contexto, una restricción de visa puede ser más persuasiva que una sanción formal, porque desplaza parte del costo de la decisión desde la institución hacia quien la toma.
El caso argentino también resulta relevante para Chile por otra razón. Muestra que la presión sobre proveedores tecnológicos puede extenderse al ecosistema que rodea a los recursos naturales. En nuestro caso, eso puede incluir infraestructura digital, telecomunicaciones, redes eléctricas, puertos, centros de datos y proveedores vinculados al cobre, litio y otros recursos estratégicos.
EEUU tiene plena facultad soberana para decidir quién ingresa a su territorio. El punto es distinto. Cuando esa facultad comienza a utilizarse para modificar los incentivos de quienes toman decisiones económicas en terceros países, la visa adquiere una dimensión estratégica.
Washington quizás no necesite prohibir una inversión china. Puede bastar con que quien deba aprobarla empiece a preguntarse no solo si conviene al proyecto, sino también qué costo tendrá esa decisión para él.
