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Alto contrasteAjuste fiscal, sí; recorte a la inversión pública, no
MAURICIO VILLENA Decano Facultad de Administración y Economía UDP
Mauricio Villena
En su último IFP, la Dipres proyecta para 2025 un Balance Estructural de -2,1% del PIB sin medidas adicionales y de -1,8% con ellas. Reconoce así que no cumplirá la meta de -1,6% fijada para ese año, aún en trámite en la Contraloría. Este incumplimiento se suma a los de 2023 y 2024 y, considerando posibles holguras negativas al preparar el Presupuesto 2026, queda claro que los esfuerzos fiscales han sido insuficientes y se requieren ajustes adicionales en el gasto público.
Frente a ello, organismos como el CEP, el Consejo Fiscal Autónomo y la propia Dipres, a través de una comisión de expertos, han formulado propuestas de contención. En lo esencial, los ajustes deberían concentrarse en el gasto corriente, cuidando no afectar recursos comprometidos, resguardar el gasto social y en seguridad, y evitar que las regiones resulten especialmente perjudicadas.
“Si bien la tentación de recortar la inversión subejecutada es comprensible por su facilidad contable, es económicamente miope”.
Lo que no debe entrar en la lógica del recorte es la inversión pública. Si bien la tentación de recortar la inversión subejecutada es comprensible por su facilidad contable, es económicamente miope. La inversión es crucial para impulsar el crecimiento, acelerar el aumento de la renta de la economía y mejorar el nivel de vida de las personas. A largo plazo, un mayor stock de capital físico expande la capacidad productiva global, permitiendo producir más bienes y servicios con los mismos recursos. En definitiva, el crecimiento económico depende más de esta capacidad que de las oscilaciones de la demanda agregada.
La teoría económica lo respalda con claridad. Robert Solow, Premio Nobel de Economía en 1987, mostró que la inversión —pública y privada— es el motor del crecimiento en el corto y mediano plazo, al elevar la productividad del trabajo y los ingresos. En el largo plazo, advirtió, esa dinámica debe ir acompañada por progreso tecnológico, es decir, innovación en el uso de los factores productivos.
De ahí que la inversión sea decisiva: no solo acelera la acumulación de capital, sino que también crea las condiciones para la adopción tecnológica y para que la inversión privada florezca. Cada peso invertido en capital es, por lo tanto, una semilla que multiplica sus efectos sobre productividad, competitividad e inclusión.
Como advierte el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Chile invierte alrededor del 2,5% del PIB en infraestructura pública, muy por debajo del 5% de los países desarrollados. Para revertirlo, el CPI propone una Regla Fiscal de Inversión Pública que asegure un nivel de 3,2% del PIB durante una década, combinando recursos públicos y privados para expandir, reponer y mantener la infraestructura, garantizando continuidad y planificación.
Por eso, la inversión pública debe asumirse como política de Estado, inmune a las urgencias del ajuste fiscal. La verdadera responsabilidad no está en recortarla, sino en potenciarla, fortaleciendo la colaboración público-privada y asegurando que los recursos destinados a capital se traduzcan en crecimiento sostenido, productividad y bienestar para Chile.
