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Alto contrasteGasto disfrazado de activo: el real impacto fiscal del FES
MAURICIO VILLENA Decano Facultad de Administración y Economía UDP
Mauricio Villena
El nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES) no es solo un rediseño educativo: plantea un problema de contabilidad fiscal y de coherencia con la regla de balance estructural. Como advierte el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el FES no cumple los criterios económicos ni contables para ser tratado como un activo financiero del Estado. Su recuperación depende de ingresos futuros inciertos, contempla exenciones, topes y hasta posibles extinciones, por lo que no puede valorarse ex ante. Según los estándares internacionales y la Contraloría, debe registrarse como gasto, y sus contribuciones como ingreso, ambos sobre la línea, impactando directamente el déficit fiscal.
El mecanismo —transferencias por arancel y matrícula menos contribuciones futuras— genera déficits en todos los horizontes. A 10 años, el impacto llega a 0,09% del PIB proyectado; a 74 años, el ahorro promedio sigue siendo negativo, con casi tres décadas sin un solo año de autofinanciamiento. El supuesto “ahorro fiscal” destacado por el Ejecutivo proviene de decisiones paralelas: reducción de becas, postergación de la gratuidad y cambios en el CAE. El propio CFA enfatiza que la mejora consolidada responde a estas otras decisiones, no al desempeño del FES. Por lo mismo, no corresponde presentarlo como inversión recuperable, sino como gasto permanente que requiere financiamiento permanente.
“Diseñar un sistema con ingresos inciertos, costos presionados al alza y escasa evaluación de escenarios es, desde la prudencia fiscal, problemático”.
El informe, además, identifica riesgos de selección adversa y de subestimación de costos que refuerzan el carácter deficitario del esquema. Una proporción importante de la recaudación proyectada proviene de tramos de renta alta, quienes enfrentan las tasas más elevadas. Si deciden no participar, el sistema dependerá de contribuyentes con menor capacidad de pago, reduciendo aún más la recuperación esperada. A ello se suma la posibilidad de que los aranceles regulados estén subestimados, considerando su comportamiento histórico, y la falta de ejercicios de sensibilidad frente a salarios, informalidad y respuestas estratégicas de instituciones. Diseñar un sistema con ingresos inciertos, costos presionados al alza y escasa evaluación de escenarios es, desde la prudencia fiscal, problemático.
Si el país escoge un esquema que funciona más como impuesto contingente que como crédito recuperable, debe asumirlo como gasto público y financiarlo con ingresos estructurales. Esto es especialmente relevante frente al costo de oportunidad. Como recuerda James Heckman, “the highest rate of return in early childhood development comes from investing as early as possible” (2012). Un país que ya ha priorizado fuertemente la educación superior enfrenta, por tanto, un dilema de asignación intertemporal: seguir expandiendo gasto en el tramo con menores retornos marginales, o reequilibrar su inversión hacia etapas tempranas donde los retornos estimados son más altos y progresivos. Por último, si se decide avanzar, debe hacerse con cuentas claras y sin comprometer la integridad del marco fiscal.
