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Alto contraste
En el plano económico hay razones para ser optimista. El principal riesgo interno hoy no es económico, sino desestabilizar el delicado equilibrio político-institucional que, luego de casi siete años complejos, recién se está consolidando. No está consolidado: se está consolidando.
La principal razón para el optimismo es que desapareció un riesgo institucional mayor que comenzó en 2019 con el estallido, se agudizó con la pandemia y se volvió a agudizar con los dos procesos constituyentes sucesivos. Esto que nos parece normal porque lo vivimos, es rarísimo. Solo dos países han tenido dos procesos constituyentes sucesivos, Chile y Sudáfrica, pero solo Chile los rechazó ambos. Esto ocurrió, además, después de la mayor pandemia desde la gripe española hace 100 años.
“Tal como algunos creen que razones ideológicas explican excesos regulatorios, nuevas razones ideológicas podrían explicar una desregulación excesiva. La forma de concretar la racionalización regulatoria debe ser pulcra”.
Los niveles de riesgo estructural han sido muy elevados. En estos cinco años Chile pudo haber sido vapuleado institucionalmente. A pesar de todo, durante ese período, elegimos en paz dos presidentes de signos opuestos y, aunque la economía crece poco, no hubo crisis ni recesión fuera de la pandemia. El nuevo Gobierno debe consolidar esta estabilización.
Sigamos entonces con el optimismo.
La macro no está bullente, pero está ordenada comparada con casi todos los países comparables. En un contexto de riesgos internacionales difíciles de asir, las exportaciones crecen, los términos de intercambio han aumentado, la inflación está estable en su meta y la capacidad instalada ociosa permite proyectar crecimiento sin presiones inflacionarias, al menos por un tiempo. Los proyectos de inversión que se anuncian son importantes y, si bien la situación fiscal se ha deteriorado, sigue siendo una de las mejores de América Latina y del mundo. El riesgo país es bajo y las tasas de interés estables. La macro facilita el crecimiento.
La reforma de pensiones puede producir efectos positivos sobre el crecimiento. Hoy casi la mitad del ahorro previsional se invierte en Chile, por lo que una parte importante del ahorro derivado de las nuevas cotizaciones también se debiera invertir en el país. Esto aumentará la oferta de fondos prestables que favorecerá la inversión de más empresas y personas. Además, los fondos generacionales permitirán inversiones de más largo plazo y con menores necesidades de liquidez, mejorando las condiciones de financiamiento y la productividad.
(Ojo que la licitación del stock de afiliados quedó sobredimensionada, lo que obliga a las AFP a mantener activos líquidos excesivos).
Finalmente, mi punto central: el nuevo Gobierno ha sido ambiguo respecto del tamaño del instrumento de talaje, es decir, entre racionalizar y hacer una directa desregulación ambiental. Profundizar la racionalización ambiental, que complemente la administrativa está bien. Racionalizar debe ser una tarea permanente: modernizar regulaciones, proteger lo que antes no se protegía, dejar de proteger lo que ya no lo requiere. Cuando no se hacen esfuerzos sistemáticos de racionalización, el riesgo es el exceso de regulación. Los excesos no garantizan protección, pero sí menor actividad y empleo. Racionalizar la regulación excesiva es, por definición, una medida expansiva.
Este optimismo debe ser realista.
No toda la regulación ambiental es excesiva. Los estándares chilenos son buenos en muchas dimensiones. Los excesos regulatorios que se quieren corregir no surgieron de la nada. Se entienden mejor como respuestas acumulativas a conflictos ambientales conocidos e irrefutables: Ralco, Freirina, Río Cruces, Pascua Lama, Dominga, Tiltil e HidroAysén, los más conocidos. Estos casos generaron simpatía ciudadana real y tuvieron eco en la política local y nacional. Suponer que estos ecos dejaron de resonar y que una desregulación a rajatabla no pueda producir reacciones contrarias a distintos niveles – políticos, sociales o judiciales- es suponer mucho.
Tal como algunos creen que razones ideológicas explican excesos regulatorios, nuevas razones ideológicas podrían explicar ahora una desregulación excesiva. La forma de concretar la racionalización regulatoria debe ser pulcra. Anuncios de desregulación agresiva y no focalizada, similares a una “motosierra”, corren el riesgo de generar reacciones contraria a la racionalización, hoy compartida por gran parte del espectro técnico-político.
“Poco a poco, se va lejos”. Si consensuamos una regulación ambiental prudente, podremos consolidar un crecimiento potencial cercano al 4% por la próxima década, lo que sería un gran logro.
