VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteMientras las universidades tiemblan, el Gobierno acelera el FES
FELIPE ZÚÑIGA P. Académico, exVicerrector de Gestión Económica y Administrativa U. Austral
El sistema universitario chileno está viviendo una crisis que ya no se puede esconder bajo la alfombra. La Universidad Austral, la Universidad de Magallanes, la Universidad de La Frontera y varias más han debido aplicar planes de emergencia, con despidos, venta de activos y recortes en programas. No es un secreto: la gratuidad, justa en su propósito, tensionó la caja de muchas instituciones porque financia solo la duración nominal de las carreras, deja a las universidades absorbiendo el sobrecosto de la sobreduración y en carreras complejas cubre apenas un porcentaje del gasto real. La superintendencia dice que el sistema global aún es solvente, pero para varias casas de estudio la amenaza es existencial.
En medio de ese cuadro, el Gobierno decide apurar el proyecto FES, que elimina el CAE y lo reemplaza por un financiamiento contingente al ingreso. La idea en sí no es mala: ningún estudiante pagaría más de un 8% de su ingreso, el cobro sería vía impuestos, sin intereses, y la carga mensual sería mucho más llevadera. ¿Quién podría oponerse a eso? Pero aquí aparece el nudo que el oficialismo no quiere reconocer: un nuevo esquema solo funciona si las universidades siguen de pie. Y hoy varias están tambaleando.
“El nudo que el oficialismo no quiere reconocer es que un nuevo esquema solo funciona si las universidades siguen de pie. Y hoy varias están tambaleando. El problema no es el FES, sino la prisa y la falta de candados”.
El problema no es el FES, sino la prisa y la falta de candados. El Gobierno busca cerrar un capítulo en plena campaña electoral, pero ignora que las universidades ya cargan con déficits que superan los $ 30 mil millones en algunos casos. ¿Cómo van a resistir un modelo de aranceles regulados que no reconoce sus costos reales? ¿Cómo van a mantener calidad, investigación o extensión si el financiamiento se achica mientras los estudiantes pagan menos y más tarde?
Aquí conviene decir las cosas como son. Nadie discute que el CAE permitió a miles de familias acceder a la educación superior, pero su diseño evidenció falencias profundas. El punto es que Chile no puede darse el lujo de seguir construyendo políticas de financiamiento sobre la marcha.
El oficialismo repite que el FES es progresivo y sustentable; sin embargo, persiste la duda sobre si el aporte del egresado se configurará como impuesto, contribución o reintegro, una definición pendiente que expertos advierten es relevante desde el punto de vista constitucional, contable y fiscal. No basta con consignar que “funcionará mejor que el CAE”, hay que demostrar cómo se sostendrán las instituciones y cómo se blindará al sistema frente a crisis de liquidez.
Por eso sorprende el desdén con que se reciben las advertencias de los rectores. Desde la Universidad de Chile hasta la Universidad Católica, pasando por las de Concepción y de Valparaíso, todos han señalado el mismo riesgo: que el arancel regulado, si no se calcula bien, termine desfinanciando a las universidades y golpeando la calidad.
No son quejas corporativas, son alertas técnicas, basadas en números duros y en déficits que ya existen. Y si eso ocurre, el estudiante no gana: pierde una universidad empobrecida, con menos académicos, menos investigación y menos proyección regional.
La oposición, en cambio, ha puesto sobre la mesa preguntas razonables, relacionadas con separar la condonación del CAE de la creación del FES, avanzar con gradualidad, poner topes claros a lo que un egresado puede pagar en total, y garantizar por ley la transferencia oportuna de recursos a las instituciones. No son recetas ideológicas: son resguardos mínimos para no repetir la historia de improvisaciones que nos trajo hasta aquí.
Chile necesita cerrar el capítulo del CAE, pero no a cualquier costo. Si el oficialismo insiste en apurar el FES sin hacerse cargo de la fragilidad financiera de las universidades, no estará resolviendo un problema, estará incubando otro aún mayor. Y esta vez el costo no será solo para los egresados, sino para todo un sistema que corre el riesgo de quedar sin piso.
