Modernización del SEIA

Ignacio Urbina

No cabe duda de que la institucionalidad ambiental ha mostrado falencias importantes en los últimos años: lentitud, impredictibilidad, inestabilidad y excesiva politización son algunos de los términos que resumen las críticas más comunes. De ahí que el proyecto de modernización al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) sea tan importante. El envío de una nueva iniciativa de ley al Congreso, ocurrido la semana pasada (con el consiguiente retiro del proyecto anterior de 2018), constituye una ocasión oportuna para reflexionar sobre el SEIA y sus desafíos.

En primer lugar, parece acertado que se haya decidido eliminar la participación ciudadana anticipada y la creación de Comisiones Macrozonales de la propuesta legislativa. Esto, porque por distintas razones había un legítimo desacuerdo político sobre la conveniencia y oportunidad de tales innovaciones, por lo que mantenerlas habría dificultado la tramitación legislativa. Ello habría retrasado otras reformas más urgentes, como son la eliminación del Comité de Ministros o la posibilidad de invalidar administrativamente las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).}

Sobre el Comité de Ministros, la experiencia ha demostrado su fracaso en reiteradas ocasiones. Ya sea por la lentitud en adoptar los acuerdos (en algunos casos, tras años de espera), por la escasa capacidad técnica del organismo (compuesto por autoridades políticas, generalmente sin formación ni tiempo para estudiar los complejos expedientes ambientales), y por su vulnerabilidad ante tensiones políticas (mina Dominga y central Hidroaysén) se confirma el desenlace advertido por la ministra Carolina Schmidt esta semana: una elevada judicialización. En consecuencia, al suprimir el Comité de Ministros se eliminaría una instancia administrativa que, más que resolver los problemas de litigiosidad, lo ha estado demorando.

Por otra parte, una crítica frecuente al SEIA dice relación con la estabilidad de las RCA. Al respecto, hoy terceros que no fueron parte de la participación ciudadana pueden solicitar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la invalidación de las resoluciones hasta dos años después de haberse concedido. Ese plazo es excesivo e injusto, pues los terceros que sí presentan observaciones ciudadanas tienen sólo un plazo de 30 días para reclamar. El nuevo proyecto de ley elimina la facultad del SEA de invalidar las RCA, dando a cambio a los terceros absolutos un recurso directo al Tribunal Ambiental, el que debe ser interpuesto dentro de 40 días. Ello daría mayor certeza respecto a la estabilidad de las RCA, lo que permitirá a los proyectos tener mayor claridad de su situación jurídica y acceder más fácilmente a financiamiento.

Es de esperar que el proyecto de ley despachado esta semana tenga una buena acogida en el Congreso y pronto sea una realidad legislativa. Su importancia lo amerita.