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Alto contrasteOrden, control y equilibrio migratorio
MIJAIL BONITO Y JOSÉ MARÍA HURTADO Socios Hurtado y Bonito Abogados
Chile debe ejercer soberanía migratoria efectiva mediante orden institucional, debido proceso y control migratorio. Sin estos pilares, toda política es meramente declarativa, por falta de equilibrio entre la potestad regulatoria del Estado y los derechos humanos de los migrantes.
El eje principal es combatir la irregularidad y, en particular, el ingreso clandestino. Ningún Estado puede administrar aquello que no conoce. El ingreso ilegal sostenido impide dimensionar la magnitud del fenómeno y hace inviable cualquier política pública. Luego, lo central es poner fin al ingreso clandestino, lo que exige control fronterizo material efectivo y la ejecución de las reconducciones a países limítrofes, que tienen la obligación de recibir a personas inadmitidas en Chile. Si no existe cooperación, Chile dispone de herramientas legítimas, como la exigencia de visados a dichos Estados para lograr el objetivo.
“El ingreso ilegal sostenido impide dimensionar la magnitud del fenómeno y hace inviable cualquier política pública. Lo central es poner fin al ingreso clandestino”.
Desde 2021, la falta de control ha operado como incentivo directo a la migración irregular. En los últimos cuatro años se han registrado más de 150.000 ingresos clandestinos, con pérdida de control fronterizo y una grave omisión en la aplicación de la ley. Durante cinco años, el propio Estado incentivó de facto este fenómeno: no evitó el ingreso, promovió empadronamientos con promesas de regularización incumplidas y acumuló un stock masivo de personas en irregularidad. Esta situación no es responsabilidad exclusiva de los migrantes, también lo es del diseño y ejecución de políticas públicas. Hoy muchas de esas personas llevan años en Chile; algunas incluso han constituido familia, por ejemplo. Por ello, una política bien intencionada como la expulsión de irregulares debería priorizarse desde aquellos que presentan antecedentes penales, practican incivilidades o afectan la cohesión social, y luego avanzar hacia el análisis de la situación de quienes no representan un riesgo a la sociedad. Esto permite resolver caso a caso, garantizando debido proceso real. Asimismo, es imprescindible distinguir entre migrante regular, irregular y refugiado, aplicando procedimientos distintos.
No es aceptable que migrantes regulares caigan en irregularidad por demoras administrativas de años. En este sentido, el Sermig requiere una reingeniería: automatizar el análisis documental de visados, concentrarse en fiscalización, mejorar la tasa de expulsiones, implementar reconducción aérea y terrestre y unificar el sistema de identificación previsto en el artículo 44 de la Ley 21.325.
La idea de una salida voluntaria con posibles postulaciones desde fuera de Chile es factible, pero requiere del compromiso del actual Gobierno, con una mirada de Estado, de autorizar salidas sin prohibiciones de ingreso, lo que de producirse puede aportar mucho a la solución del problema.
Una política migratoria debe integrar debido proceso y control efectivo, que proteja a los chilenos y a los extranjeros que cumplen la ley. Chile ya conoce el costo de no hacerlo. Ahora corresponde corregir.
