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Alto contrastePermisos sectoriales: ahora empieza la prueba de fondo
SIMÓN PINTO Abogado Libertad y Desarrollo
La aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales constituye un avance significativo frente al complejo entramado burocrático que ha obstaculizado el desarrollo de proyectos e inversiones en Chile. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, lo abre: porque el verdadero desafío no está en su promulgación, sino en su implementación.
Esta reforma busca armonizar y racionalizar los procedimientos de permisos sectoriales mediante principios y reglas comunes. Pero muchas de las exigencias que se intentan unificar o suprimir no surgieron por accidente: son fruto de decisiones legislativas previas o de facultades que entregamos a entes reguladores. Bajo una lógica protectora, se ha generado una proliferación normativa que no necesariamente ha elevado los estándares, pero sí ha multiplicado los trámites.
“Para que la ley sea efectiva se requiere realismo legislativo, coherencia normativa y coordinación institucional, algo poco habitual”.
Frente a ello, emergen dos desafíos inmediatos. El primero, adecuar el conjunto de normas sectoriales aún vigentes, muchas de las cuales mantienen procedimientos propios que deberán ser modificados para ajustarse al nuevo marco. El segundo, quizás más difícil, es frenar la tendencia del Congreso a dictar nuevas regulaciones específicas que fragmenten el sistema. Esto ha sido especialmente notorio en el ámbito ambiental, donde la acumulación de exigencias ha creado un entramado inviable. El sistema enfrenta un exceso de capas regulatorias que terminan colapsando su propio funcionamiento. Para que esta ley sea efectiva, se requiere realismo legislativo y coherencia normativa.
En paralelo, su ejecución demandará una coordinación institucional poco habitual en la administración pública. Con al menos 38 organismos encargados de otorgar permisos, la uniformidad de criterios, la clasificación de autorizaciones, la aplicación de reglas como el silencio administrativo y el cumplimiento de los plazos exigirá liderazgo técnico y político. La Oficina de Autorizaciones Sectoriales deberá demostrar capacidad efectiva de coordinación, superar resistencias y evitar convertirse en una figura simbólica.
Otro punto crítico será la aplicación de las Técnicas Habilitantes Alternativas, que permitirán reemplazar, en contextos de bajo riesgo, permisos por declaraciones juradas. Su eficacia dependerá del diseño oportuno de reglamentos que definan umbrales claros, realistas y no restrictivos, que además deberán ofrecer certezas suficientes para que sean confiables y no deriven en fiscalizaciones excesivas o contradictorias.
Esta ley abre una oportunidad concreta para modernizar el Estado y facilitar el desarrollo. Pero su éxito dependerá menos del texto aprobado que de la voluntad política, la coordinación institucional y la capacidad técnica para aplicarla. La implementación no es un trámite secundario: es el corazón de la política pública. Lo verdaderamente complejo empieza ahora.
