¿Por qué concesionar todo lo concesionable?

La asociación público-privada, expresada a través del sistema de concesiones, hizo posible que a fines de los años ‘90 y mitad de la década siguiente el país supliera algunos de sus déficits más graves en materia de infraestructura. Gracias a esta política entraron en servicio, por ejemplo, carreteras urbanas e interurbanas con estándares internacionales, modernos aeropuertos en Santiago y regiones, cárceles dignas para la población penal y, en el último tiempo, hospitales con mantención permanente y no condenados al deterioro desde el día mismo de su inauguración.

¿Podía el Estado asumir este desafío por sí solo? De ninguna manera.

El aparato público no contaba con la capacidad de gestión necesaria para sacar adelante en plazos razonables una cartera de proyectos tan ambiciosa como compleja. Y, además, con el aporte de los privados se llegó incluso a más que duplicar el presupuesto disponible para el desarrollo de estas obras. Tal es el caso del quinquenio 2001-2005, en que el MOP materializó inversiones en infraestructura por poco más de US$ 5.300 millones, mientras que los concesionarios invirtieron en esta misma área sobre US$ 7.000 millones en igual período.

De esta experiencia, lo más valioso no es que se generaran ahorros para el erario público. De hecho, los inversionistas recuperan los costos de las obras y de su mantención, y obtienen utilidades, vía pago directo del fisco y/o de los usuarios. Lo verdaderamente destacable de las concesiones es que permitieron satisfacer con mayor rapidez y en mejores condiciones necesidades largamente postergadas de la población y evitaron que el Estado empleara grandes sumas en construir y mantener infraestructura, pudiendo destinar esos recursos a cubrir otras demandas sociales.

Estos argumentos hoy siguen siendo igualmente válidos y son la clave que justifica el planteamiento de que se debiera concesionar todo lo concesionable.

Por una parte, el déficit de infraestructura va en aumento. Se necesitan nuevas obras de vialidad, hospitales, cárceles, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y para gestionar los recursos hídricos, entre otras. Y mantener estas carencias tiene costos en términos de menor calidad de vida y pérdida de oportunidades de desarrollo para las personas en la medida que el país se vuelve menos competitivo. Téngase presente que en el ranking más reciente de competitividad mundial, elaborado por el World Economic Forum, si bien Chile mejoró un puesto su ubicación general, cayó del lugar 46 al 49 en el subíndice Infraestructura.

El Estado, en tanto, tiene una capacidad limitada para materializar por sí solo esta enorme tarea, que, por lo demás, demanda recursos muy significativos. Según un estudio realizado por distintos especialistas a solicitud de nuestro gremio, suplir el déficit en infraestructura para el período 2014-2018 requiere una inversión de US$ 58.000 millones, de los cuales el 54% correspondería a aporte fiscal directo.

¿Debe el fisco contribuir con un mayor nivel de financiamiento y estresar el presupuesto público para hacer obras que los privados están en condiciones y dispuestos a ejecutar y mantener? Creemos que no. Por citar un ejemplo: de acuerdo a la más reciente encuesta CEP, la principal preocupación de los chilenos es la salud, por lo que parece bastante más razonable orientar el gasto público a aumentar el aporte per cápita para la atención primaria –que según declaró el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades debiera ascender a $ 5.800 por beneficiario– o a dotar de médicos especialistas a los hospitales antes que a construir recintos que después incluso quedan subutilizados por falta de estos mismos profesionales.

Por cierto que el sistema de concesiones puede ser perfeccionado, sobre todo para que las obras se adapten mejor a los crecientes estándares de servicios que demandan los usuarios. Sin embargo, todo indica que este mecanismo de financiamiento debe ser parte integral de una estrategia público-privada de largo plazo, que permita materializar oportunamente la infraestructura que el país y las personas necesitan para su desarrollo.