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Alto contrasteRazones por las que es necesario repensar la veda de las encuestas electorales
RICARDO GONZÁLEZ Director LEAS-UAI
A pocas semanas de las primarias presidenciales, Chile hará algo que pocos países democráticos hacen: prohibirá el acceso público a las encuestas electorales cuando más gente decide su voto. Aunque su intención es proteger al electorado, sus efectos son más problemáticos de lo que se piensa.
La premisa que justifica esta restricción asume que las encuestas tienen una fuerte influencia sobre el electorado y, por tanto, podrían alterar la voluntad popular si se difunden en los días previos a los comicios. Pero esta idea, aunque intuitiva, no resiste una revisión rigurosa de la evidencia. Estudios encargados por Esomar y Wapor, dos organizaciones internacionales que promueven estándares técnicos y éticos en encuestas, muestran que el impacto de las encuestas sobre la decisión de voto es, en el mejor de los casos, mínimo, porque las preferencias electorales responden a múltiples factores: historia personal, identidad política, campañas y contexto, entre otros.
“La veda no elimina la información: la privatiza, creando una asimetría que favorece a las élites y deja al votante común en la oscuridad. Lo que necesitamos no es más silencio, sino más transparencia”
Incluso si aceptamos que algunas encuestas son deficientes, la veda no es el instrumento adecuado para corregir ese problema. Es como responder a una medicina deficiente prohibiendo los diagnósticos: se elimina el síntoma, pero no se mejora el tratamiento.
La veda no resuelve el problema de fondo. Por el contrario, produce efectos secundarios nocivos. En vez de proteger al votante, lo priva de información cuando muchas personas deciden su voto. La experiencia chilena lo confirma: en la primera vuelta presidencial de 2021 hubo un cambio importante en las preferencias en los días posteriores al último debate televisado. Sin embargo, esos movimientos no fueron visibles para el público general, porque la veda ya estaba en vigor. Las encuestas siguieron circulando, pero solo entre quienes tienen acceso privilegiado. Así, la veda no elimina la información: la privatiza, creando una asimetría que favorece a las élites y deja al votante común en la oscuridad.
Lo que necesitamos no es más silencio, sino más transparencia. En lugar de prohibir la difusión de encuestas, Chile debiera avanzar hacia un sistema que garantice estándares mínimos de calidad: metodologías transparentes, identificación del financista y publicación de las bases de datos. Estas son prácticas recomendadas por la Asociación Americana de Opinión Pública y que varias democracias han comenzado a exigir.
Ya existen propuestas en el Congreso en esta dirección. Una plantea reducir la veda de 15 a 4 días y exigir mayor transparencia en el levantamiento y financiamiento de las encuestas. Otra propone su eliminación total. Ambas son un punto de partida valioso, pero el debate no puede reducirse a una disputa entre censura o desregulación.
Si de verdad queremos fortalecer la confianza en las encuestas electorales, debemos comenzar por confiar en la ciudadanía: en su derecho a informarse y deliberar. Y para eso, ninguna veda será mejor que una ley que exija transparencia y promueva una circulación equitativa.
