Recuperando la capacidad para enfrentar una crisis económica
ANDRÉS PÉREZ M. Economista jefe para Latinoamérica de Itaú
Las crisis económicas que ha enfrentado Chile, durante las décadas recientes, han requerido un importante impulso de política macro y el uso de buffers. Con ello en mente, ante un escenario externo con alta incertidumbre, surge la inquietud sobre cómo hemos avanzado en recuperar la capacidad para enfrentar choques desde la crisis por la pandemia. Es una pregunta que amerita un desarrollo bastante más profundo que este espacio, por lo que solo plantearemos unas impresiones iniciales en dimensiones puntuales: reservas internacionales, la posición fiscal, y el Fondo Solidario de Cesantía.
Primero, Chile cuenta con reservas internacionales (RRII) por cerca de 14% del PIB, algo por debajo del nivel de fines de 2019, y en el piso del rango adecuado según el FMI. Estas se complementan con el acceso a importantes líneas internacionales de liquidez. Así, la decisión por acumular RRII propias, por US$ 18.500 millones en tres años, reemplazando el acceso a líneas internacionales, es del todo prudente. La modalidad y flexibilidad de las compras, junto a montos acotados diarios, deberían facilitar su ejecución sin complejidades. Avanzar en la acumulación de reservas es un paso en la dirección correcta y nos debería llevar, en el tiempo, a un nivel adecuado a un costo moderado.
“La decisión de acumular reservas internacionales por US$ 18.500 millones en tres años es del todo prudente. La modalidad y flexibilidad de las compras, junto a montos acotados diarios, deberían facilitar su ejecución”.
Segundo, podemos analizar brevemente nuestra capacidad de respuesta fiscal por el lado de los activos y pasivos. Partiendo con los activos, los recursos en Fondos Soberanos y Otros Activos del Tesoro Público a fines de 2019 alcanzaban en torno a 8,8% del PIB, lo que a fines de junio bajó a 5% del PIB. Preocupan los bajos recursos en el FEES, hoy algo por encima de 1% del PIB, muy por debajo del 4,4% del PIB en 2019 y del rango recomendado por el FMI (5%-7% del PIB). Pasando a los pasivos, la deuda bruta del gobierno central no ha dejado de crecer desde 2008 (5% del PIB); y subió de 28% en 2019 a cerca de 42% en 2024. Esto no considera el incremento en pasivos contingentes ni de deuda en empresas públicas. Si bien el alza de la deuda pública es un fenómeno global, el ritmo al cual crece nuestra deuda pública parece único entre economías emergentes comparables.
Finalmente, es una buena noticia que en junio, el Fondo Solidario de Cesantía volvió a los niveles nominales de mayo 2020, máximo histórico previo al Covid, pero aún está cerca de 21% abajo en términos reales, y alcanza 1,1% del PIB, por debajo del 1,7% del mayo de hace cinco años. Es probable que la debilidad del mercado laboral y los ajustes que facilitan el uso del seguro solidario, lleven a una lenta acumulación del Fondo.
Recuperar los buffers por el lado fiscal parece un desafío monumental. Las proyecciones de estabilización de la deuda pública descansan en supuestos de crecimiento del gasto público, muy por debajo de su promedio precovid y, por cierto, debajo del crecimiento de la economía. Es probable que el estrés sobre las finanzas públicas sea aún más agudo considerando las dinámicas demográficas.
Una buena dosis de crecimiento elevado y sostenido contribuiría a cuadrar el círculo. ¡Vamos por ello!