Reforma a ley de firma electrónica avanzada: recuperando el tiempo perdido

Fomentar la capacidad de innovar y emprender de los chilenos, transformándola en un motor que mueve la economía, es una prioridad para el Ministerio de Economía. Para materializar este anhelo, la Agenda de Impulso Competitivo incluyó una serie de medidas, como la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, la creación del Programa de Equipos Científico y Tecnológico (Fondequip), el Fondo Corfo para la Reconversión Productiva e Innova Chile 2.0., entre otras. En este contexto, hace algunos días fue enviada al Congreso el proyecto que modifica la Ley N° 19.799 sobre documento y firma electrónica.



Pese a sus beneficios, como ahorros en papel, traslados y tiempo, disponibilidad inmediata, todos los días del año, y menores costos administrativos, la firma electrónica no se ha masificado en nuestro país.

Su escaso desarrollo se debe a que la ley no siempre permite equiparar el documento electrónico con aquel manuscrito, estándares tecnológicos desactualizados, imprecisiones y vacíos legales, todo lo cual limita su ámbito de aplicación y crea incerteza jurídica, forzando a preservar los documentos en papel, con los costos que ello implica.

Se incluyen dentro de los cambios reconocer y regular el sellado de tiempo electrónico, perfeccionar el uso de esta firma por los órganos del Estado, admitir expresamente la presentación del documento electrónico en toda clase de procedimientos y en cualquier etapa, consagrar los derechos y obligaciones de los usuarios y reforzar el rol fiscalizador de la Entidad Acreditadora.

Pero la modificación que, sin lugar a dudas, genera mayor impacto consiste en que los documentos electrónicos con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo tendrán el mismo valor legal que aquellos en papel autorizados ante un notario.

Por cierto, al permitir que una persona pueda firmar un pagaré, una compraventa de vehículos o un poder desde el computador de su oficina o un teléfono inteligente mientras se dirige a una reunión, lo hacemos sin transar en la seguridad jurídica. Muy por el contrario, los elevados estándares técnicos y de seguridad aseguran con certeza quién firmó un documento y su fecha. Con el uso de la firma electrónica avanzada, la posibilidad de falsificar, adulterar o antedatar documentos o firmas, disminuye ostensiblemente.

Asimismo, la reforma contempla los debidos resguardos para que no se afecten los intereses del Fisco, estableciendo que un pagaré electrónico sólo tendrá mérito ejecutivo si se ha pagado el impuesto de timbre y estampillas respectivo.

Debemos valorar la función que los notarios han cumplido en nuestra sociedad y que deben seguir cumpliendo. Pero lo anterior no obsta a que seamos conscientes que debemos ir adaptando, con los resguardos debidos, nuestro ordenamiento a los nuevos paradigmas que enfrentamos y, en este caso, a las posibilidades y beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías.

La reforma es un gran paso para potenciar la gestión documental digital y aumentar la eficiencia y productividad de las empresas y el Estado. Queremos aliviarle la carga a la ciudadanía y permitir que puedan acceder a documentos con plena validez legal, de forma fácil y segura y sin tener que recurrir en gastos adicionales.

En el año 2002, Chile tomaba la delantera reconociendo y normando esta tecnología disruptiva. Pero por casi diez años, la firma electrónica quedó en el patio trasero, sin apoyo gubernamental, viendo cómo el comercio electrónico aumentaba en cifras de dos dígitos y el país desaprovechaba sus ventajas.

Queremos corregir el tiempo perdido y dotar a la firma electrónica de todas las herramientas que permitan masificarla. Proponemos una reforma integral que, además, llevará a Chile a ocupar un lugar de vanguardia en Latinoamérica y el mundo.

Esperamos que en el Congreso prime el interés general y que este proyecto sea discutido según sus méritos técnicos, económicos y jurídicos. Los emprendedores e innovadores de este país se lo merecen.