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Alto contrasteEntrando en tierra derecha, la reforma del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) comenzó esta semana a debatirse en segundo trámite en la Comisión de Constitución del Senado. A su vez, dada la actual coyuntura de incertidumbre política y económica es esperable que el gobierno enderece el rumbo en esta instancia para terminar la carrera como ganador.
En un intento por nivelar la cancha entre consumidores y empresas debido a las asimetrías de información en los mercados, lo cual es acertado, el gobierno se sobregiro ingresando hace dos años un proyecto de ley con un aumento presupuestario de US$ 37 millones, que es huella de la retroexcavadora que no descansa.
El gobierno intenta crear un Ombudsman o "Defensor del Pueblo" que representará a los consumidores en los conflictos judiciales civiles con nuevas atribuciones para fiscalizar, mediar, multar, interpretar la ley y dictar instrucciones normativas, entre otros. Este Ombudsman está inspirado en los modelos escandinavos (Finlandia, Dinamarca y Suecia) y va más allá de las directrices sobre protección del consumidor aprobadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2015.
Para enderezar el rumbo de la reforma, es aconsejable seguir los modelos de agencia probados en Australia, Estados Unidos y Reino Unido con gobiernos corporativos independientes en que existe un grado significativo de investigación y vigilancia de los organismos administrativos, junto con que la disuasión y las multas ocurren en el poder judicial.
En particular, es necesario: Primero, crear un consejo independiente de cinco miembros elegidos por el Presidente de la República, ratificados por el Senado, que será responsable de la dirección técnica sobre fiscalizar, mediar y multar, junto con delimitar prolijamente su capacidad para normar e interpretar la ley. Además, el consejo propondrá un director ejecutivo que será elegido por el gobierno, quién estará a cargo de la administración y ejecución de las directrices técnicas.
Segundo, revisar la cuantía y aplicación de las multas. En especial, en las demandas colectivas se puede aplicar una multa por cada consumidor afectado con un tope total de un 30% de las ventas de la línea de producto. Por ejemplo, en el caso de las repactaciones unilaterales de La Polar, la empresa habría evidentemente quebrado con multas de este tipo.
Tercero, modificar la potestad del Sernac para entablar demandas colectivas e involucrarse en las individuales, lo cual relega a las asociaciones de consumidores a un segundo plano. El rol de "Defensor del Pueblo" debe recaer en las asociaciones de consumidores en vez del Sernac.
Concluyendo, la reforma del Sernac crea un Ombudsman a la chilena con una concentración de atribuciones inquisidoras, que dada la actual incertidumbre política y económica sumado a un crecimiento del 2% promedio en el cuatrienio de gobierno, será una lápida lamentable para la libertad de emprender en el país.
