VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteRobos millonarios a la red eléctrica, un delito sin freno
JAVIER TAPIA Director Ejecutivo Asociación de Transmisoras de Chile, Consejero CPI
Chile está siendo mudo testigo del avance de un fenómeno tan silencioso como grave: el robo sistemático de infraestructura crítica del sistema eléctrico. En el caso de las redes de transmisión, solo en el primer trimestre de este año ya se han registrado más de 40 robos, con un daño económico cercano a —lea detenidamente— US$ 1 millón. Esta cifra representa dos tercios de lo perdido en todo el 2024 y casi un tercio del total acumulado entre 2021 y 2024. No se trata de hechos aislados ni menores. Son, en su mayoría, casos donde bandas organizadas actúan con impunidad.
“Solo en el primer trimestre los robos en redes de transmisión suman US$ 1 millón. Mientras la delincuencia avanza, muchas medidas públicas aún no se implementan”.
En transmisión, el robo es de cables, del acero con que están construidas las torres, de maquinaria, de fibra óptica, de partes de subestaciones y de un sinnúmero de otros elementos, todos ellos esenciales para dar suministro eléctrico. Similares afectaciones han ocurrido en otros segmentos del mercado eléctrico, agravando la situación. El riesgo es que la energía no llegue a hospitales, industrias y hogares. Pero también es que se afecte la integridad de nuestros colaboradores, como de hecho ha acontecido. En la subestación Mejillones, cinco trabajadores fueron maniatados por delincuentes armados, reflejando de modo patente el nivel de violencia que las bandas han alcanzado.
Este problema no se resuelve solo con más recursos privados. Frente al avance delictual, las empresas enfrentan serias limitaciones, partiendo por la más básica: la carencia de legitimidad para ejercer funciones propias de la seguridad pública.
No es razonable que una ingente cantidad de recursos de las empresas se destine a medidas costosas, ajenas al negocio y completamente excepcionales. A modo de ejemplo, en algunos casos se han debido excavar zanjas alrededor de subestaciones para protegerlas. Nada que recuerde más la vieja usanza medieval.
Desde el punto de vista social, quizás muchas medidas privadas tienen una dudosa eficacia y no son disuasivas, pero reflejan el nivel de inseguridad que se ha instalado en torno a la infraestructura crítica y la respuesta frente a cierta pasividad pública. La delincuencia avanza, y muchas medidas que deben provenir del Estado aún no se implementan. No se ha aprobado la ley de robo de cables; se requiere modernizar la regulación del uso de drones; no siempre existen protocolos de respuesta integrados con las policías; no hay fiscales especializados que persigan estos delitos; y un largo etcétera.
El llamado es claro: se requiere voluntad política para actuar y un compromiso institucional para proteger la infraestructura estratégica para Chile, sea eléctrica, de telecomunicaciones, sanitaria, de transporte o cualquier otra. Este es un deber del Estado. El momento de actuar es ahora.
