Salario mínimo

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha planteado el interés de esta organización de negociar con el gobierno un calendario de reajustes para el salario mínimo a largo plazo, el cual se proyecte con un horizonte de tres años y que lleve dicho ingreso a un nivel de $ 220.000 en 2013, año en que a la actual administración le correspondería realizar la última negociación sobre el particular. El principal argumento esgrimido por el dirigente es que un acuerdo de ese alcance le evitaría al gobierno de Sebastián Piñera verse sometido a los costos políticos que año a año se deben pagar en los meses de abril, mayo y junio, cuando se enciende el debate en la prensa y el Congreso, a veces por diferencias de $ 500 en el monto final.



Para poner en contexto el planteamiento de la CUT se debe recordar que el 28 de abril de 2010, el gobierno anunció la creación de una Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo de doce expertos, la que junto con analizar la fijación del ingreso mínimo mensual de 2010, entregó coordenadas sobre la forma en que este relevante precio de la economía debe ser abordado, teniendo a la vista sus efectos sobre el mercado del trabajo y el objetivo de asegurar un ingreso digno que entregue adecuadas condiciones de vida a los trabajadores y sus familias.

Terminado ese trabajo, el gobierno decidió continuar en la senda de formalizar el proceso y parámetros utilizados en la definición del reajuste, para lo cual se acordó continuar con la citada comisión -esta vez compuesta por ocho integrantes-, la que debía definir una fórmula objetiva para calcular el reajuste del sueldo mínimo. Dicha labor concluyó hacia fines de 2010 con un informe entregado al gobierno y del cual oficialmente no se han entregado detalles, pero que, ha trascendido, incorporaría como variables determinantes el nivel de desempleo histórico y vigente, la productividad y la actividad económica.

Dado lo anterior, instalar el tema del reajuste del salario mínimo en el plano de las conveniencias políticas circunstanciales representa un retroceso respecto de la labor que se inició en 2010 y que se dijo cristalizaría en un nuevo esquema de largo plazo. Más allá de si las ofertas y contraofertas de la CUT y el gobierno son atractivas para las partes en esta oportunidad, el mensaje enviado previamente apuntaba a configurar una institucionalidad clara -como la que existe en otros países, como México, que desde hace décadas cuenta con un marco ad hoc- que restara dramatismo y tensión a esta definición y que, justamente, evitara al país sufrir situaciones como la de fines de los 90, cuando se pactó un reajuste alto y a tres años.