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Alto contrasteSeguridad pública, la hora de la gobernanza institucional
PAULO CONTRERAS Exjefe nacional contra el Crimen Organizado, PDI
El año 2026 se proyecta como punto de consolidación de una nueva arquitectura institucional. La creación del Ministerio de Seguridad Pública en 2025 representó un fortalecimiento de la gobernanza para enfrentar el crimen organizado bajo un mando civil empoderado. Sin embargo, este diseño estratégico quedaría incompleto si no abordamos con audacia la persecución penal y la modernización de nuestras instituciones de control, integrando a todos los actores relevantes.
Un pilar central de esta nueva gobernanza es la activación de la Fiscalía Supraterritorial. Este hito representa un cambio de paradigma: modificar la verticalidad orgánica de las fiscalías regionales, en cuanto a investigaciones de grupos criminales organizados que precisamente denotan en su accionar una capacidad transregional. Al pasar a una horizontalidad virtuosa, el Ministerio Público multiplica sus capacidades profesionales especializadas.
La seguridad efectiva es aquella que combina firmeza con certeza jurídica, garantizando de paso adecuados entornos para la inversión y el desarrollo.
En este orden de ideas, la detención de más de 40 efectivos de Gendarmería por corrupción debe leerse bajo el prisma de la oportunidad. Pese a esta crisis, métricas internacionales -como el World Justice Project- sitúan a Gendarmería de Chile muy por encima de los servicios penitenciarios de la región. El desafío es, por tanto, transformarla en el referente, separando sus funciones: seguridad penitenciaria y rehabilitación, y reinserción.
Este nuevo modelo no puede ser una tarea solitaria del Estado. El sector privado tiene mucho que aportar desde su experiencia en gestión de riesgos y eficiencia del gasto, mientras que la academia y los centros de pensamiento son fundamentales para aportar pensamiento crítico generado desde la evidencia. La toma de decisiones en seguridad requiere del rigor metodológico para garantizar que los recursos invertidos contribuyan realmente a garantizar la tranquilidad ciudadana.
Este robustecimiento institucional será la base para gestionar tensiones, como las ocurridas estas últimas semanas en el control fronterizo integrado con Perú. Las eventuales expulsiones deben armonizarse con el respeto al Estado de Derecho, para evitar controversias judiciales e impases burocráticos que comprometen la necesaria gestión migratoria que demanda el contexto actual. Y, en paralelo, las autoridades no deben bajar la guardia con los delitos de contrabando que intentan permear nuestras fronteras. Esto incluye un cambio de mentalidad: no solo preocuparse de lo que entra a Chile, sino también de lo que sale. La seguridad efectiva es aquella que combina firmeza con certeza jurídica, garantizando de paso adecuados entornos para la inversión y el desarrollo.
No obstante, la estrategia contra el crimen organizado debe llevarse adelante sin descuidar los delitos del día a día que afectan a miles de personas, como son los portonazos o los asaltos. Hechos que generan un fuerte golpe en la sensación de inseguridad y que, junto a las expresiones más visibles del crimen organizado, deben ser abordadas en su conjunto.
Las herramientas están. Es hora de usarlas.
