Sistema privado de salud: ¿legitimidad en juego?

No puede sino, causar extrañeza que se discutan simultáneamente dos proyectos de ley para regular a las Isapres, con muchas cláusulas contradictorias entre sí.



Recientemente, el Senado, con la oposición de la Alianza, aprobó en general un proyecto de ley. Tal iniciativa propone el control de precios y la imposibilidad para las Isapres de rechazar pacientes con preexistencias que provengan de Fonasa, contradiciendo las más elementales normas de un seguro. De llegarse a aprobar y sin ningún ánimo de parecer agorero, marcaría el inicio del fin del sistema Isapre, con todas las consecuencias en los servicios que reciben tres millones de personas y el descalabre financiero para médicos e instituciones privadas que basan su funcionamiento en los pagos garantizados por el sistema Isapre.

Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados se discute en particular un proyecto de ley de iniciativa del Ejecutivo, que establece un plan garantizado base, con tarifa plana y un índice de precios de la salud, entre otras regulaciones, que si bien son de dudoso beneficio para los afiliados, podría poner fin a la incertidumbre jurídica que afecta al sistema Isapre desde aquel fallo del Tribunal Constitucional del año 2010.

El año 2005 hubo reforma, pero el resultado es que nuevamente se discute el tema, acrecentando la incertidumbre. Estas amenazas, que no son nuevas, han inhibido la aparición de nuevos actores, lo que sería deseable en un mercado competitivo. Algunos de sus detractores han señalado que nuestro país requiere sólo de un sistema público y que, por tanto, no les preocupa el destino de los seguros ni de sus beneficiarios. En ese escenario, son los propios afiliados del sistema Isapre quienes deberían sopesar las consecuencias que tendría para ellos y sus familias la eventual desaparición de su seguro privado de salud.

Se debe considerar que con un margen promedio de un 3,8% sobre el valor de sus planes, las Isapres han resuelto oportuna y satisfactoriamente las necesidades de salud de sus afiliados, y han liberado al Estado de tal responsabilidad.

Por ello, resultan paradójicas las prioridades legislativas, así como la obsesiva preocupación mediática, toda vez que no es el sistema privado, sino el público, donde se presentan las mayores falencias en salud y donde se concentra el 80% de la población de menores ingresos.