Solvencia integral y sistema de pensiones

Andras Uthoff, ingeniero comercial de la U. de Chile, máster y doctor en Economía de la Universidad de California Berkeley, y exintegrante de la Comisión Bravo

Un sistema de pensiones integralmente solvente significa el logro de tres objetivos: (i) acceso universal asequible a prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia; (ii) prestaciones a niveles dignos (conforme al nivel de desarrollo del país); y (iii) ingresos permanentes para gastos permanentes. Al no lograr estos tres objetivos en forma simultánea, el sistema chileno estaba en crisis de insolvencia integral y esta se ha acentuado.

Su pilar exclusivamente contributivo discrimina el acceso según la capacidad de ahorro del afiliado: hasta antes de la reforma de 2008 la mitad de los adultos mayores quedaba excluido de prestaciones. Su pilar solidario esta subdimensionado: el 80% de los beneficiarios del sistema reciben prestaciones -que incluyen los subsidios- menores al ingreso mínimo. Sus parámetros quedaron desactualizados: la tasa de 10% de cotizaciones del afiliado, la ausencia de aportes patronales, y el aporte del Estado equivalente a 1,22% del PIB al Pilar Solidario, son insuficientes. No compensa por las enormes lagunas contributivas, no solidariza con quienes ejercen labores del cuidado no remuneradas y no se ajusta a los aumentos de las expectativas de vida.

Esta crisis se ha acentuado. Los ahorros previsionales se han utilizado para paliar la urgencia de la actual pandemia. A menor ahorro previsional se limita el acceso a prestaciones por la exclusiva vía del aporte contributivo. La proporción de beneficiarios con prestaciones bajo el ingreso mínimo aumenta. La desactualización de los parámetros se hace más patente ante el aumento de la vulnerabilidad laboral resultante de la pandemia.

Necesitamos aceptar seis premisas. Primero, que necesitamos un mayor Pilar Solidario basado en aportes no contributivos para aliviar la pobreza en la vejez. Segundo, que el componente contributivo obligatorio puede ser solidario, permitiendo que todos alcancen niveles más elevados de prestaciones. Tercero, que un mercado de ahorro individual obligatorio no debe ser la forma principal de organizar el pilar contributivo del sistema: sus administradores tienden a establecer contratos individuales actuarialmente equivalentes, impidiendo la necesaria cuota de solidaridad entre afiliados.

Cuarto, frente a las condiciones laborales y financieras en Chile, cotizando solo el 10% del ingreso imponible no es posible autofinanciar una pensión digna. Quinto, que para solidarizar entre y dentro de las generaciones de afiliados, ambos, el reparto y la capitalización, son necesarios. Sexto, que para legitimar el sistema sus afiliados deben ser partícipes de la gestión para el logro de su solvencia integral.

Necesitamos un pacto por la previsión en Chile que contenga: (i) un componente fiscal que comprometa los aportes del tesoro a la previsión, tanto en la forma de gastos corrientes como fondos de reserva; (ii) un componente social, que defina el piso de dignidad de las prestaciones; y (iii) un componente económico que defina la carga contributiva que puedan soportar las empresas y su locación entre empleadores y trabajadores. Necesitamos identificar y dimensionar las fuentes de financiamiento, definir las prestaciones, y diseñar la apropiada institucionalidad pública y privada para la gestión del financiamiento y los criterios de solidaridad. Se prevé: (i) un pilar solidario fortalecido; (ii) un pilar contributivo solidario, gestionado por capitalización colectiva parcial (reparto y capitalización); y (iii) un pilar de ahorro individual voluntario con incentivos tributarios.