La mano (verde) invisible

Susana Jiménez

El último informe del IPCC provocó alarma ante la evidencia de alzas globales de temperaturas medias y de la persistencia de fenómenos meteorológicos extremos, atribuibles -con alta probabilidad- a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) provocada por la actividad humana. El tema ha estado en el debate público por largo tiempo y ha habido 26 cumbres mundiales buscando soluciones para contener el avance del cambio climático. Chile no ha estado ajeno a este fenómeno, pues aunque emite un porcentaje menor de GEI (0,23% del total), se le considera un país altamente vulnerable.

Soy de quienes creen que la inteligencia humana es capaz de resolver los grandes problemas, sobreponiéndose a los pronósticos más oscuros, como la restricción de alimentos (Malthus, s.XVII) o el agotamiento de los combustibles fósiles (Hubbert, s.XX). El cambio climático no será la excepción. Las políticas públicas han dado un impulso necesario, pero es la fuerza del mercado la que querrá acelerar el proceso.

Así, por ejemplo, se ha visto en el mundo cómo las energías renovables han adquirido un protagonismo admirable gracias a un ágil proceso de innovación que redujo sus costos y aumenta su eficiencia. En Chile, de hecho, el 95% de los proyectos en construcción corresponde a energías renovables y la transformación de nuestra matriz ha superado todo pronóstico. Esto ha sido acompañado de un inédito acuerdo con el sector privado para descargar la matriz eléctrica, sin subsidios, el que suma cada día más voluntades para retirar centrales de carbón.

Algo similar está ocurriendo con el transporte, donde las empresas del mundo compiten por desarrollar tecnología y posicionar sus vehículos eléctricos. En Chile, su presencia ha sido más visible en el transporte público, aunque crecientemente vemos modelos eléctricos o híbridos en las distribuidoras de automóviles.

La presión que ejercen los consumidores por productos y servicios más “verdes” se extiende además a otras áreas, de modo que la sustentabilidad constituye hoy, más que una opción, una obligación. Así, los mercados internacionales han puesto cada vez más exigencias para reducir la huella de carbono de los productos y los grandes inversores miran con creciente interés que las empresas cumplan los estándares ESG (Environment, Social & Governance) antes de inyectar mayores recursos.

Ello ha creado la necesidad de acreditar los atributos sustentables de los productos comercializados. En Chile, por ejemplo, el Coordinador Eléctrico Nacional desarrolló un registro único y completo de las energías renovables generadas y consumidas en el país a fin de dar trazabilidad a ellas y conocer la emisión residual. Al mismo tiempo, se observa una permanente búsqueda por desarrollar nuevas alternativas que reduzcan la huella de carbono lo que, en varios países, entre ellos Chile, ya se concreta en los primeros pilotos de producción de hidrógeno verde.

Por último, cabe destacar lo que está pasando a nivel de compromisos voluntarios internacionales. Un buen ejemplo es “Race to Zero”, campaña que busca promover la descarbonización, y que ya cuenta con casi 1.700 empresas comprometidas (representando casi un 15% del PIB global). Ésta, y otras múltiples iniciativas privadas, prometen avanzar a una velocidad muy superior a las interminables negociaciones intergubernamentales.

En síntesis, cuando consumidores, productores, proveedores e inversionistas buscan un objetivo -en este caso, un planeta más sustentable- los resultados no tardan en llegar de la mano de la creatividad y capacidad de la actividad privada. El mercado funciona, aunque algunos no lo quieran reconocer.