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Alto contrasteTrump is not the King
MATÍAS PINTO PIMENTEL Consultor internacional, Partner GeoGiG Consulting
Aprovechando la semana dieciochera, vale la pena recordar que uno de los motivos de nuestra independencia fue, en gran parte, económico. En aquel entonces, el comercio estaba controlado por el imperio español, que obligaba a Chile a comerciar solo con su permiso y a pagarle impuestos. Años antes, en Estados Unidos, una experiencia similar había dado origen al lema “taxation without representation” -es decir, el rechazo a pagar impuestos sin tener representación. Es por ello que, al redactarse su Constitución, se estableció que solo el Congreso tiene la facultad de imponer impuestos.
Hoy, ese mismo principio ha vuelto a estar en debate. Un reciente fallo de la Corte de Apelaciones en EEUU ratificó que los aranceles recíprocos -esos que tiene a Chile afectos a un 10%- son ilegales. La sentencia recordó que el Presidente no puede imponer aranceles de manera ilimitada, porque esa atribución corresponde únicamente al Congreso, el órgano que representa a los ciudadanos. No a un Presidente actuando como si fuera el rey. La última palabra, en todo caso, la tendrá la Corte Suprema.
“Si la Corte Suprema termina declarando ilegales los aranceles, Chile podría quedar amarrado a uno más alto que el actual, al ser reconocido como un acuerdo bilateral”.
Sin embargo, el fallo incorporó un segundo elemento de gran trascendencia. Porque junto con declarar ilegales los aranceles, reafirmó que un tribunal de primera instancia no está facultado para invalidar de manera total una política pública y, por ende, su decisión no puede tener efectos universales.
Dado que nos encontramos en plena negociación con EEUU, la situación adquiere especial relevancia para Chile, tanto en el ámbito público como en el privado. En el caso del sector privado, si la suspensión no se aplica de manera universal, las empresas podrían verse obligadas a acudir a tribunales para obtener también la exclusión de aranceles.
Para el sector público el panorama es aún más complejo. Si la Corte Suprema termina declarando ilegales estos aranceles, todos los países podrían quedar con tasa 0%. En cambio, Chile podría terminar amarrado a un nuevo arancel -más alto que el actual- que se mantendría firme al ser reconocido como un acuerdo bilateral. Esa sería nuestra nueva base arancelaria. No sorprende que varios legisladores europeos adviertan que conviene esperar el fallo antes de avanzar en la ratificación del acuerdo.
Incluso si la administración Trump pierde en la Corte Suprema, todavía tiene otras herramientas para implementar su política comercial. Sin duda, aumentarán las investigaciones por seguridad nacional o por prácticas desleales -secciones 301 y 232- aunque estas son mucho más acotadas que los aranceles actuales. En ese escenario, Chile “solo” tendría que evitar que se abra una investigación en su contra, algo probable y que, de paso, abre una ventana de oportunidad para regresar al arancel cero.
Por eso hay que estar muy atentos a lo que viene y, sobre todo, a la estrategia que se adopte. No se puede negociar como si nada hubiera ocurrido. El fallo judicial obliga a Chile a diseñar, junto al sector privado, una estrategia coordinada que permita anticipar escenarios y fortalecer una posición común para resguardar los intereses nacionales.
