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Alto contrasteUn gran paso para la resolución temprana de controversias en la obra pública chilena
ALEX WAGEMANN F. socio de wl experts & advisors
Durante años he sostenido la necesidad de que los contratos de obra pública en Chile cuenten con mecanismos de resolución temprana de controversias, similares a los existentes en concesiones y en contratos internacionales de construcción. Por eso, la propuesta que prepara el MOP para ser presentada en septiembre constituye una excelente noticia.
El sistema contempla tres niveles: un Libro de Alertas Tempranas, Comisiones Consultivas y un Panel de Resolución de Controversias para las grandes obras. Es un cambio de enfoque: procurar que los problemas se identifiquen y resuelvan durante la ejecución del contrato, y no años después ante los tribunales.
Precisamente porque la iniciativa va en la dirección correcta, hay aspectos que sería conveniente perfeccionar.
“Chile puede dar un paso importante hacia una contratación pública más moderna, colaborativa y eficiente”.
Primero, el denominado Libro de Alertas Tempranas constituye una adaptación chilena de los “Early Warnings”, conocidos internacionalmente como NEC y FIDIC. Sin embargo, en esos modelos la alerta no es simplemente un registro de hechos, sino que forma parte de las obligaciones contractuales de las partes y su incumplimiento puede producir consecuencias. Será importante definir su naturaleza jurídica, quién estará obligado a alertar, en qué oportunidad y los efectos de no hacerlo.
Segundo, las Comisiones Consultivas, integradas por dos representantes de cada parte, pueden constituir una instancia útil de diálogo. Sin embargo, su composición hace posible que terminen sin acuerdo. Para evitar que se transformen en formalidad o condición previa para acceder al Panel de Resolución de Controversias, sería conveniente exigir que, cuando no exista consenso, el informe identifique claramente los puntos controvertidos y las respectivas posiciones de las partes. Ese documento podría convertirse en valioso insumo para la instancia siguiente.
Finalmente, respecto del Panel de Resolución de Controversias, sería útil recoger la experiencia acumulada en concesiones. Si estará compuesto por abogados, ingenieros y un arquitecto, su análisis debiera ser técnico y contractual, aprovechando la complementariedad de sus integrantes. Asimismo, convendría evaluar que algunas de sus decisiones sean vinculantes, al menos provisionalmente o respecto de determinadas materias. De lo contrario, existe el riesgo de crear otra instancia consultiva. También podría considerarse la conformación de paneles ad-hoc para proyectos de gran magnitud o complejidad, permitiendo que sus integrantes conozcan tempranamente el contrato.
Nada de esto resta mérito a la iniciativa. Al contrario, son perfeccionamientos de una reforma que aborda un problema largamente diagnosticado. Si el proyecto incorpora la experiencia chilena de concesiones y las mejores prácticas internacionales, Chile puede dar un paso importante hacia una contratación pública más moderna, colaborativa y eficiente, capaz de resolver controversias cuando todavía es posible proteger el proyecto, beneficiando a la comunidad y evitando conflictos que se extienden por años.
