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Alto contrasteUna agenda tributaria para los próximos años
GONZALO POLANCO Director Centro de Estudios Tributarios FEN, Universidad de Chile
Estamos en época eleccionaria y, como era de esperar, han surgido propuestas de los candidatos relacionadas con impuestos. Este es uno de los temas más sensibles para los electores, por lo que resulta natural que se hayan puesto sobre la mesa diferentes planteamientos. Enhorabuena que así sea.
Desde el punto de vista técnico, una agenda de impuestos para los próximos años debe considerar dos frentes: el escenario nacional y el internacional.
Respecto al contexto internacional, que ha marcado la tributación en la última década, solo indicaremos que desde que comenzaron las discusiones del proyecto BEPS, del que Chile es parte, los cambios se han acelerado. Muchos países que no tienen la capacidad técnica de implementar los nuevos requerimientos, corren el riesgo de quedar fuera del juego. En nuestro país, esta discusión se ha mantenido en círculos técnicos muy restringidos, que han propiciado la introducción de algunos cambios en la legislación. No obstante, las modificaciones gruesas, que implican cambios sistémicos en las normas que ahora nos reglan, se encuentran pendientes.
“Los inversionistas toman en consideración la estabilidad de las reglas al momento de decidir en qué país se va a desarrollar algún proyecto. Por lo mismo, es deseable contar con normas que den certeza en el mediano plazo”.
Será tarea del próximo gobierno abordar estos desafíos que se imponen en foros globales. Por tanto, el escenario mundial de la tributación es una arena de permanente cambio.
Como si esta falta de estabilidad no fuera suficiente, debemos considerar nuestro frente interno. Chile ha efectuado en los últimos años múltiples y profundas modificaciones en las normas tributarias. Algunas de estas propuestas han ido en direcciones contradictorias, siendo el caso más emblemático lo que sucede con la integración o desintegración del sistema. Con el proyecto de 2014, se pretendía desintegrar totalmente; mientras que el presentado en 2018 quería exactamente lo opuesto. El sistema tributario también refleja la falta de consenso que existe en nuestra política.
Cambiar de forma frecuente las normas que delimitan el escenario en que se desenvuelven los negocios, evidentemente afecta el atractivo del país como destino de inversiones.
Se podrá argumentar que Chile es soberano y, por tanto, tiene derecho a modificar sus normas, pero lo cierto es que los inversionistas toman en consideración la estabilidad de las reglas al momento de decidir en qué país se va a desarrollar algún proyecto. Por lo mismo, es deseable contar con normas que den certeza en el mediano plazo.
¿Cómo lograr esta estabilidad? Las discusiones en torno a qué hacer en materia tributaria no se han dado solo en Chile. En otras latitudes, se han convocado comisiones técnicas que han consensuado los lineamientos generales del sistema para los años venideros, que se han plasmado en propuestas legislativas. Cabe subrayar que para que funcionen adecuadamente, su composición debe ser técnica y evitar que los miembros sean meros representantes de cada uno de los actores políticos de la discusión, porque de ser así, se tienden a reproducir las mismas dinámicas que se dan en una negociación política.
Otra opción que se ha puesto sobre la mesa es establecer un estatuto de invariabilidad para las inversiones sobre un determinado umbral y que sea de interés para el país. La idea parece interesante de estudiar, especialmente porque Chile tuvo una experiencia exitosa con el antiguo DL 600. Por supuesto, se deberá aprender de los problemas que tuvo dicha norma (y sí los tuvo) para introducir cambios.
Hay otros aspectos de la agenda tributaria para el próximo gobierno que son dignas de estudiar. Quedan pocos meses para las elecciones, pero resta aún tiempo para el cambio de gobierno. Es posible empezar a pensar qué hacer.
