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Alto contrasteWOM y el 5G: el país que no queremos
JOZSEF MARKOVITZ Exfiscal Subtel JORGE ATTON P. Exsubsecretario de Telecomunicaciones
El reciente acuerdo anunciado entre la administración del Estado y WOM cierra un conflicto de años, pero abre una pregunta mayor: ¿es capaz el Estado chileno de asegurar que los compromisos en infraestructura digital se cumplan efectivamente?
Los incumplimientos de WOM paralizaron el despliegue del 5G y de la Fibra Óptica Nacional, ambos estratégicos para la digitalización del país y adjudicados con subsidios públicos. El retraso afectó a comunidades aún desconectadas, a proveedores regionales y distorsionó la competencia. Como han advertido diversas columnas recientes en la prensa, la señal de tolerar estos incumplimientos es crítica: no solo se vulnera la confianza en futuros procesos licitatorios, sino que se instala la idea de que en Chile el cumplimiento de las reglas puede negociarse.
“La señal de tolerar incumplimientos es crítica: no solo se vulnera la confianza en futuros procesos licitatorios, sino que se instala la idea de que en Chile el cumplimiento de las reglas puede negociarse”.
El acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado -que buscaría rebajar sanciones y multas contractuales- corre el riesgo de ser percibido como un “perdonazo”. Y ese precedente no solo afectaría a telecomunicaciones, sino también a sectores estratégicos como obras públicas o energía, con inversiones aún mayores.
La respuesta estatal debe ser inequívoca: primero se ejecutan las boletas de garantía y se aplican las sanciones, luego se resuelven controversias en tribunales. Así lo han recordado la Contraloría y la Corte Suprema en fallos recientes. Paralelamente, Chile podría aprender de la experiencia internacional: en Canadá se obligó a abrir redes a OMV; en España, se aceleraron despliegues rurales; en India, se extendió cobertura en zonas apartadas. Sanciones más medidas compensatorias evitan que el incumplimiento quede sin efectos reales.
El desafío de fondo es fortalecer la política de infraestructura digital. Ello exige mecanismos de fiscalización más robustos, mayor autonomía técnica para Subtel y contratos con incentivos preventivos. Solo con reglas claras y respetadas podremos avanzar hacia una digitalización confiable, sin que la excepción se transforme en la regla.
