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Alto contrasteLa historia arroja pruebas sólidas que vinculan el éxito en el desarrollo económico de distintos países con el tipo y calidad de sus instituciones. El bajo nivel de aprobación con que cuentan las instituciones políticas hoy es altamente preocupante, toda vez que amenaza con terminar en una total des-legitimización del sistema. Hace ya varios años que viene observándose una baja en la participación ciudadana en los procesos electorales, lo que resta representación a las autoridades electas y, en el extremo, puede fortalecer a grupos anárquicos o anti sistémicos, o sembrar el camino para caudillismos tan conocidos en la historia latinoamericana.
El daño a la imagen de las instituciones políticas que han generado los llamados caso Penta y Caval es enorme, tal cual lo reflejan las encuestas de opinión pública, por lo que la respuesta de las autoridades políticas debe ser realmente contundente, si se desea recuperar en algún grado las confianzas perdidas. El nombramiento de una comisión presidencial para realizar propuestas concretas, en un plazo breve, tendientes a regular el vínculo entre dinero y política, combatir el tráfico de influencias y la corrupción, es sin duda una buena señal. Las propuestas, aunque no serán vinculantes, deben luego traducirse en iniciativas legislativas que, dada la delicada coyuntura que involucra con irregularidades a todo el espectro político, deberían contar con un amplio apoyo en el congreso.
Luego de esta crisis las instituciones pueden salir fortalecidas. Debemos esperar una nueva ley de financiamiento a la política, que corte en forma nítida el vínculo entre intereses corporativos privados y el financiamiento de campañas electorales; una mayor "vigilancia" hacia los funcionarios públicos, de manera de evitar casos de corrupción, tráfico de influencias y cohecho, aumentando las penas asociadas a faltas o delitos en este ámbito; y una regulación a la práctica del lobby muy precisa, con restricciones claras, partiendo por su incompatibilidad con la militancia en un partido político. Las sanciones a los llamados delitos de cuello y corbata, deben ser incrementadas sustancialmente. El uso de información privilegiada, el cohecho, el tráfico de influencias o la colusión de precios, por nombrar delitos recurrentes, deben ser sancionados con penas de cárcel efectiva y, cuando corresponde, con multas que superen largamente los beneficios económicos obtenidos en la comisión del delito.
Si esta crisis se aprovecha con visión de Estado, puede tener como corolario una importante recuperación en el prestigio de varias instituciones actualmente cuestionadas. Por de pronto el Poder Judicial, y en particular el Ministerio Público, han mejorado significativamente su imagen frente a la opinión pública, gracias a la reforma procesal penal, que permite separar el rol de jueces y fiscales y, muy importante, que hace público los procesos, de manera que la ciudadanía puede conocer el desarrollo de los mismos.
El descontento de la ciudadanía, que se ha sentido muchas veces abusada por el sistema, puede poco a poco mitigarse cuando se constata que los privilegios de ricos y poderosos tienen límites claros en el estado de derecho. Así, más que seguir sustituyendo al sector privado por la previsión pública de servicios, o sobre-regulando el funcionamiento de los mercados, pensar en un marco legal que incrementa las sanciones a quienes delinquen, parece ser una opción más segura.
