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Alto contrasteCaída en la inversión pública
El proyecto de Presupuesto de 2026 contempla una baja de más de 17% en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en un contexto donde solo el 5% del financiamiento disponible se destinaría a nuevas licitaciones. Gran parte de los recursos se concentraría, en cambio, en cubrir proyectos de arrastre, lo que significa una reducción de la capacidad del Estado para iniciar obras nuevas, en un escenario en el que el país requiere impulsar el empleo y la actividad para retomar mayores tasas de crecimiento.
La reducción en el MOP se da en un marco en que la inversión pública se contraería en 12,5% en 2026 -sin considerar a los Gobiernos Regionales-, de acuerdo con la propuesta presentada por el Ejecutivo. Considerando la actual estrechez de las cuentas públicas, preservar los equilibrios es indispensable, pero ello no debiera sostenerse a costa de la inversión que impulsa la actividad y el desarrollo.
Tan relevante como la magnitud del gasto, es su composición. No obstante, en ésta última se constata un sesgo donde, en lugar de revisar las partidas corrientes o reasignar recursos hacia sectores con alta rentabilidad social, el proyecto de Presupuesto restringe la inversión productiva, debilitándola como instrumento contracíclico y postergando la modernización de la infraestructura económica y social.
Un reciente análisis de la Cámara Chilena de la Construcción revela, además, una tendencia que se arrastra hace años. A septiembre, el MOP ha ejecutado el 59% de su presupuesto, mientras que en el área de Vivienda persisten deudas con contratistas, que aunque han comenzado a regularizarse, siguen limitando la dinámica del sector. El resultado es un sistema público que invierte poco y ejecuta mal.
La escasa ejecución no refleja solo estrechez fiscal, sino también un déficit de gestión, donde los proyectos se ralentizan por permisos, se registran retrasos administrativos y falta de coordinación interministerial.
En este escenario, mientras muchos de los Gobiernos Regionales acumulan recursos sin capacidad técnica para ejecutarlos, los ministerios con mayor impacto productivo ven sus partidas reducidas. Es la inversión pública, no el gasto corriente, la herramienta clave para la competitividad del país. Por el contrario, la caída en el financiamiento de infraestructura afecta directamente a la construcción, al empleo y a la cadena de contratistas, junto con debilitar la capacidad del Estado para atraer inversión privada y sostener un ciclo virtuoso de productividad.
Recuperar la inversión pública como eje de política económica y reformar la gestión presupuestaria para mejorar la eficiencia y ejecución del gasto son, así, desafíos urgentes, en un escenario donde al próximo gobierno le corresponderá decidir si reposiciona esta palanca como motor de crecimiento o la mantiene como una variable de ajuste contable.
