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Alto contrasteCerteza jurídica para la protección de datos
La puesta en marcha de la Agencia de Protección de Datos Personales podría enfrentar serias dificultades para cumplir con su cometido de resguardar la privacidad y el uso legítimo y transparente de la información de las personas. Tras más de una década de tramitación y a 15 meses de la entrada en vigor de la normativa, las falencias presupuestarias, de dotación y los estrechos plazos de constitución del organismo han abierto dudas respecto del marco de certeza jurídica en que comenzaría a operar.
La ley, aprobada en 2023, busca alinear a Chile con estándares de la OCDE y la UE, fortaleciendo derechos individuales y la inserción del país en la economía digital. En ese marco, la normativa estableció la creación de una agencia autónoma, con facultades de fiscalización, sanción y promoción de una cultura de resguardo de datos. Sin embargo, de acuerdo con el primer informe de la Comisión Asesora Ministerial para su implementación, las condiciones actuales no permitirían que la nueva institución opere con eficacia.
El cronograma establece que la agencia se conformará en octubre de 2026, solo dos meses antes de la entrada en vigor de la ley, lo que imposibilita la dictación de la normativa secundaria y los lineamientos que el mercado, las empresas y el sector público requieren para saber cómo cumplir con los nuevos deberes. De mantenerse los plazos, se daría la paradoja de que el organismo debería fiscalizar estándares que aún no ha definido.
A ello se suma un presupuesto insuficiente, revisado por última vez en 2021, y calculado como financiamiento adicional para el Consejo para la Transparencia. Sin embargo, lo que se pondrá en marcha es una agencia completamente nueva, que no solo requiere de infraestructura, plataformas para interactuar con ciudadanos y regulados, sino que además necesita una dotación que asegure el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras. Los recursos contemplados ascienden a alrededor de US$ 1.700 millones -distantes de los US$ 4.000 millones que propone la comisión- y disponen de una dotación de solo 19 funcionarios. La reciente puesta en marcha de la Ley Karin, donde la institucionalidad ha sido desbordada por la demanda, ilustra sobre los riesgos de crear un organismo sin capacidad real de respuesta.
La protección de datos personales no es una agenda sectorial ni del ciclo político, sino un requisito de confianza democrática y un estándar de competitividad en la economía digital. Adelantar la instalación de la agencia y mejorar sus recursos dentro de un margen razonable, en el marco del ajustado Presupuesto 2026, dadas la estrechez fiscal, son condiciones mínimas para evitar un debut marcado por la inseguridad jurídica y el descrédito. Por el contrario, el riesgo es quedar rezagados en un campo donde la OCDE y América Latina avanzan.
