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Alto contrasteCompliance en el sector público
Las sucesivas y recientes renuncias de funcionarios de Gobierno, algunos de ellos cercanos al Presidente Gabriel Boric, han reactivado con fuerza el debate sobre la falta de probidad en la administración pública y el uso indebido de recursos financiados por los contribuyentes. Sin contar las investigaciones relacionadas con posibles esquemas de financiamiento ilegal de campañas del oficialismo, el caso destapado por la Contraloría, que involucra a cerca de 25.000 funcionarios que habrían viajado al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, ha generado indignación transversal, no solo por el uso y abuso del sistema de reposo por salud, sino porque el perjuicio para el Estado asciende a cerca de US$ 350 millones. Tanto el monto como el comportamiento ético de estos funcionarios fiscales es inaceptable, más aún en un contexto de alto gasto público e ingentes necesidades sociales.
Mientras el sector privado chileno ha avanzado, empujado por la Ley 20.393 y las exigencias de la CMF hacia la adopción sistemática de modelos de prevención de delitos, auditorías y programas de cumplimiento (compliance), el Estado sigue operando bajo una lógica fragmentaria y, en muchos casos, voluntaria. La ley exige estos modelos a empresas, incluidas aquellas públicas que actúan en el mercado -como Codelco o BancoEstado-, pero no establece la obligatoriedad para el conjunto del aparato estatal.
La Ley 21.595 sobre Delitos Económicos y Ambientales y la normativa de la Contraloría han abierto espacios para fortalecer la gobernanza pública. Sin embargo, su aplicación carece de uniformidad. No existe un marco general que imponga el deber de implementar sistemas de integridad, seguimiento y control en todos los órganos del Estado.
En 2024, una encuesta de la OCDE reveló que solo el 24% de los chilenos confía en la administración pública nacional, una de las cifras más bajas entre los países miembros. Esta desconfianza no es abstracta: se correlaciona directamente con la percepción de ineficiencia y corrupción institucional. Por el contrario, países como Finlandia o Noruega -donde la confianza ciudadana supera el 70%- han institucionalizado sistemas obligatorios de integridad pública, con unidades independientes de cumplimiento en cada ministerio, auditorías cruzadas y seguimiento en tiempo real de las decisiones administrativas. De hecho, la OCDE ha recomendado explícitamente a Chile que avance hacia marcos de cumplimiento obligatorios, especialmente en sectores sensibles como salud, educación y gobiernos regionales.
No se trata solo de sancionar ex post, sino de profesionalizar la función pública con herramientas probadas, comparables a las exigidas al sector privado. El principio de legalidad y el interés público demandan estándares simétricos.
La frase “ley pareja no es dura”, esgrimida desde el Ejecutivo, debería ser más que un eslogan coyuntural. Urge transitar desde un sistema fragmentado de rendición de cuentas hacia un régimen obligatorio, robusto y transversal de compliance estatal. No es solo una cuestión de justicia: es una urgencia institucional.
