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Alto contrasteConfianza en el sistema de justicia
La investigación del Ministerio Público por el llamado caso Muñeca Bielorrusa indaga la eventual existencia de pagos vinculados a fallos de la Corte Suprema. Según la Fiscalía Regional de Los Lagos, la exministra Ángela Vivanco habría intervenido en causas relacionadas con el consorcio Belaz Movitec SpA, de participación bielorrusa y chilena, que obtuvo resoluciones favorables frente a Codelco. Parte de esos pagos, estimados en unos $ 60 millones, habrían sido canalizados por su cónyuge, Gonzalo Migueles, hoy en prisión preventiva junto a dos abogados del mismo círculo, imputados por presunto cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos.
Hasta ahora, las denuncias que habían alcanzado al Poder Judicial se limitaban a redes informales de favores y presiones en materias no jurisdiccionales. Si estos hechos llegaran a acreditarse, constituirían un caso sin precedentes: un esquema de corrupción que afectaría directamente el contenido de las sentencias y, con ello, al corazón mismo de la función jurisdiccional. El episodio se desarrolla, además, en un contexto de desconfianza institucional creciente, donde la percepción de permeabilidad del Poder Judicial amenaza con agravar la crisis de legitimidad que enfrenta. Más que un daño reputacional, lo que está en juego es la capacidad del sistema para blindarse frente a la corrupción y preservar su imparcialidad.
El caso se origina en una serie de filtraciones y en la investigación periodística que le siguió. Posteriormente, el Comité de Ética de la Corte Suprema recibió declaraciones de funcionarios judiciales que denunciaron irregularidades en la conducta de la ministra Vivanco, antecedentes que contribuyeron a su remoción. Con todo, persiste la interrogante sobre la existencia de mecanismos regulares y eficaces de denuncia y auditoría dentro del Poder Judicial, más allá de episodios excepcionales.
La estructura colegiada de la Corte Suprema debiera actuar como un dique institucional, pues la corrupción resulta más difícil y costosa cuando intervienen varios jueces. Sin embargo, la tramitación masiva de causas ha generado el efecto contrario: la sobrecarga obliga a confiar en el ministro que domina el expediente, reduciendo los controles cruzados y aumentando el riesgo de conductas indebidas. A ello se suma que la Corte Suprema mantiene concentradas las funciones de nombramiento, disciplina y jurisdicción, lo que incentiva redes de influencia y contención interna. De aquí que es importante que avance el proyecto de ley que reforma el gobierno judicial, hoy en el Senado.
El golpe llega en el peor momento. El Congreso discute la acusación constitucional contra el ministro Ulloa, mientras el pleno ya removió a las ministras Vivanco y Sabaj. En un escenario de deslegitimación, el riesgo es que prosperen respuestas populistas, como la elección de jueces. Más allá de la necesidad de que la investigación de la Fiscalía avance con diligencia y objetividad en la trama bioelorrusa, la tarea pendiente es urgente: fortalecer la transparencia, la disciplina y la independencia judicial, con el propósito de blindar la probidad y la imparcialidad de la justicia.
