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Alto contrasteCriminalidad rural en La Araucanía
Durante años, la violencia rural fue el problema de seguridad pública más relevante en la Región de La Araucanía, con cerca de mil denuncias vinculadas a este tipo de delitos solo en 2021, uno de los años más críticos, y 17 víctimas fatales, entre 2019 y 2022, período que figura entre los de mayor gravedad y violencia. El alevoso homicidio de un guardia forestal en la comuna de Victoria, este fin de semana, ha reinstalado las preocupaciones sobre la inseguridad en la macrozona sur, pero ahora en un contexto en que la violencia rural comienza a ser desplazada por la criminalidad rural, más estructurada y vinculada a las lógicas del crimen organizado.
De acuerdo con la Fiscalía Regional de La Araucanía, las denuncias por violencia rural en la zona disminuyeron 55% en los últimos tres años, llegando a 242 en 2024, el menor número desde 2018. En ello fue relevante el cambio de estrategia, con foco en la persecución de las estructuras criminales y el desmantelamiento de sus fuentes de financiamiento. Un hito clave fue la condenada a 23 años de presidio de Héctor Llaitul, el líder la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que resultó en un efecto disuasivo de nuevas acciones de violencia.
Sin embargo, a la par de esa reducción se ha expandido la criminalidad asociada al robo de madera, vehículos, tráfico de drogas, portonazos y extorsiones, practicadas por grupos radicalizados que, amparados en supuestas reivindicaciones, pero sin sustento en demandas políticas, buscan tomar el control territorial y operar en la impunidad. Casos como la extorsión a un empresario en Lautaro, al que le exigieron $ 32 millones para no incendiar su predio, o los “falsos mapuches” en Angol, que fingían ser comuneros para extorsionar, son ejemplos de esa deriva.
Estos hechos revelan un sello propio del crimen organizado en la zona, distinto al de carteles internacionales como el Tren de Aragua, pero igualmente articulado en bandas locales. De hecho, en el reciente homicidio del guardia forestal, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, explicó que el Gobierno se querelló por asociación criminal y homicidio calificado, en un contexto en que el Ejecutivo “cree que en esta región existe crimen organizado”. Y aunque no descartó una futura recalificación por la Ley Antiterrorista, sus palabras dan cuenta del nuevo patrón de inseguridad regional.
Este cuadro de violencia explica en gran medida el estancamiento de inversiones y del empleo. El último catastro de la CBC muestra que el sector forestal apenas registra proyectos por US$36 millones entre 2025 y 2029, mientras que en el ámbito de las PYME forestales han desaparecido 800 aserraderos y se han perdido 8.000 empleos en la última década.
Sin voluntad política para enfrentar este flagelo, la inseguridad seguirá erosionando no solo la competitividad productiva, sino también la cohesión social en la región. La Araucanía necesita más que medidas reactivas, requiere instituciones capaces de garantizar un entorno de certeza y de restituir la confianza básica de que es posible vivir, producir e invertir sin temor.
