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Alto contrasteCrisis eléctrica e inercia institucional
La crisis que enfrenta hoy el sector eléctrico tiene su origen tanto en errores técnicos como en la inercia del Gobierno ante información que conocía hace meses. En mayo pasado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) advirtió a la Comisión Nacional de Energía (CNE) que las tarifas eléctricas eran calculadas con una metodología incorrecta, aplicando dos veces el IPC en la fórmula de reajuste. Y desde octubre de 2024, el Ejecutivo sabía que Transelec -la principal transmisora del país- había detectado un error en la valorización de su capital que implicaba sobre cobros a los consumidores. Pese a ello, la autoridad no actuó con la celeridad requerida. Un año después, mientras se licitan auditorías que se declaran desiertas, los cobros excesivos continúan afectando a hogares y empresas, en un cuadro que expone las deficiencias de gestión y coordinación del Estado en un sector clave para la economía.
Según cifras del Ministerio de Energía, el error en el cálculo de los saldos de facturación a las generadoras habría provocado sobrecargos por cerca de US$ 115 millones, mientras que el problema detectado por Transelec añadiría otros US$ 100 millones. En ambos casos, el costo se ha trasladado a los usuarios, a través de sus cuentas de electricidad. Lo ocurrido expone la ausencia de mecanismos de control preventivo, en un marco donde la institucionalidad tarifaria delega en la CNE la determinación de precios, sin un contrapeso efectivo de revisión. La SEC, que fiscaliza, carece de facultades para auditar metodologías y el resultado es un sistema donde la transparencia pareciera depender de la buena fe.
En este escenario, la salida del ahora exministro de Energía Diego Pardow fue un desenlace político para un problema técnico e institucional. Su reemplazante, el biministro Álvaro García, hereda una estructura con déficits de control, lentitud en la respuesta administrativa y procesos fragmentados. La tardanza en corregir los errores demuestra una preocupante desarticulación entre los organismos encargados de garantizar la correcta aplicación de la normativa. Todo ello ha implicado para las familias un aumento sostenido en sus gastos básicos; mientras que para las empresas del sector, la mayoría multinacionales sujetas a estándares de transparencia en mercados financieros internacionales, el episodio representa un riesgo reputacional.
En una reciente entrevista con DF MAS, el exministro de Hacienda Mario Marcel sostuvo que esta crisis es consecuencia del congelamiento tarifario de los últimos años. La acumulación de tres leyes de estabilización, sumadas a un marco técnico complejo, incrementó la probabilidad de errores y de confusiones administrativas.
En este marco, el ministro García tiene una oportunidad acotada, pero crucial, para ordenar la casa antes del cambio de Gobierno. Ello exige acelerar la corrección de los cobros indebidos, asegurar la devolución transparente a los usuarios e impulsar una revisión integral de la arquitectura regulatoria del sector. No se trata de intervenir el mercado, sino de devolverle al país una institucionalidad capaz de garantizar que lo que se paga -ni más ni menos- es lo que corresponde.
