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Alto contrasteCrisis hospitalaria
Los hospitales públicos atraviesan nuevamente una crisis de financiamiento. A semanas de concluir el año presupuestario, los recursos disponibles están agotados, repitiendo un patrón que el Colegio Médico califica como un problema estructural, tras constatar en un estudio un desfase promedio de 20% entre lo que la Ley de Presupuesto proyecta para estos establecimientos y el gasto real necesario para sostener su funcionamiento.
El problema va más allá del ciclo fiscal, pues revela una insuficiencia de recursos unida a deficiencias en la gestión del gasto, en un contexto de estrechez fiscal. Tal desequilibrio debilita la capacidad del sistema para garantizar la continuidad y calidad de la atención, afectando directamente a la población más dependiente de la red pública de salud.
En la práctica, los hospitales solo cuentan con financiamiento para operar durante 10,5 meses al año. El déficit restante se cubre a través del llamado “arrastre presupuestario”, que permite a los servicios utilizar recursos del ejercicio siguiente, acumulando con ello una deuda que se perpetúa y amplifica año tras año. El resultado es un sistema que negocia con proveedores bajo condiciones desfavorables, incurriendo en sobrecostos, retrasos y pérdida de capacidad de planificación. Esta dinámica se traduce en lo que la presidenta de Colmed Santiago, Francisca Crispi, califica como “impuesto a la pobreza”, en un esquema donde la falta de solvencia obliga a comprar caro, sin volumen ni eficiencia.
A la insuficiencia de fondos se suma un uso ineficiente de los recursos. La compra fragmentada de insumos, la falta de coordinación entre servicios de salud y la subutilización de la red hospitalaria -que opera, en promedio, menos de 10 horas diarias- reducen la productividad del sistema. Según la CNEP, extender el horario de funcionamiento a 12 horas y aprovechar fines de semana permitiría mejorar la eficiencia hospitalaria sin incrementar sustancialmente la inversión. Sin embargo, el diseño presupuestario actual no lo permite: los fondos se destinan a sostener el déficit operativo, no a optimizar la capacidad instalada.
El debate sobre cómo enfrentar esta situación ocurre en un momento particularmente complejo. La discusión fiscal y los anuncios de eventuales recortes de gasto desde algunas candidaturas presidenciales podrían profundizar la fragilidad del sistema si no se distingue entre gasto ineficiente y gasto esencial. Es evidente que la política de salud no puede seguir condicionada por una lógica de contención presupuestaria sin evaluar la eficiencia del gasto y la gestión hospitalaria. La solución no radica, por tanto, solo en destinar más recursos, sino en sincerar el presupuesto, corregir las proyecciones subestimadas y fortalecer los mecanismos de control y evaluación.
