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Alto contrasteDemoras en designaciones de los tribunales ambientales
Un reciente artículo publicado por Diario Financiero dio cuenta de que, tras producirse una vacante de un ministro en un Tribunal Ambiental, éste queda sin ocuparse, en promedio, 577 días, es decir, un año y medio. Se trata de una situación que se arrastra desde hace años y que da cuenta de la demora persistente en la designación de los ministros, lo que a su vez ha generado un efecto en los plazos legales para dictar sentencias.
El estudio realizado por el Observatorio Judicial muestra que el proceso más largo tomó 1.046 días, mientras que el más breve tardó 255 días. En promedio, los tribunales permanecen cerca de 557 días sin cubrir una vacante. De las diversas etapas, la negociación en el Senado representa el 55% del tiempo total, lo que daría cuenta de que la demora no es tanto técnica como política.
La clave está en que se reconozca que no se trata solo de cubrir cargos, sino de asegurar que la justicia ambiental opere de manera certera y oportuna.
La consecuencia práctica es que estos tribunales funcionan con integración incompleta, lo que hace que fallen tarde o que acumulen causas. Para inversionistas, comunidades y autoridades regulatorias, esto significa mayor incertidumbre, mayor riesgo, y una señal contradictoria: mientras Chile dice querer desarrollar proyectos productivos y sostenibles, la justicia ambiental especializada que los revisa se mueve lento.
¿Cómo resolverlo? El informe del Observatorio Judicial plantea varias vías: se podría eliminar el acuerdo del Senado, reducir el quórum necesario para aprobar nombramientos, o simplificar las etapas del proceso. Cada opción tiene ventajas y riesgos: eliminar el contrapeso del Senado agilizaría, pero podría debilitar la independencia técnica; bajar el quórum mantiene consenso pero acelera; y revisar el rol de la Corte Suprema en la quina podría simplificar sin comprometer control. Será labor de la política y los expertos buscar la solución adecuada, pero es evidente que enfrentamos un problema que debe ser abordado.
La clave está en que el país —y sus autoridades— reconozca que no se trata solo de cubrir cargos, sino de asegurar que la justicia ambiental opere de manera creíble y en los plazos que corresponde. Las demoras son una barrera para la inversión, para la sustentabilidad y para la confianza institucional.
