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Alto contrasteFallida reconstrucción
La reconstrucción en Valparaíso, tras el mega incendio que afectó a la región en febrero de 2024, ha sido uno de los mayores fracasos de gestión y de conducción administrativa del actual Gobierno. A dos años de la catástrofe, que culminó con el penoso récord de 137 fallecidos, 5 mil viviendas arrasadas y más de 16 mil damnificados, más de la mitad de las familias afectadas decidió emprender su propia autoconstrucción y no seguir esperando la asistencia técnica y financiera del Estado. De acuerdo con cifras oficiales, hasta diciembre del año pasado, el Gobierno había logrado terminar o entregar solo 426 casas. Y el panorama, lejos de mejorar, ha empeorado luego de que la Contraloría detectó graves irregularidades en la gestión de los recursos fiscales destinados a enfrentar la emergencia, cuyos antecedentes derivó al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que se investigue penalmente la eventual comisión de delitos.
El próximo Gobierno heredará un proceso inconcluso, marcado por dilaciones e irregularidades y deteriorado en su legitimidad.
En un documento de más de 120 páginas, los hallazgos más serios involucran a la Delegación Presidencial de Valparaíso, encabezada por la militante PC Sofía González en el período cuestionado. El organismo fiscalizador detectó pagos de sobreprecios de hasta 550%, que solo en el caso de una empresa involucrarían más de $ 4.200 millones; pagos a firmas contratistas por turnos cuya prestación no pudo acreditarse, que superan los $ 525 millones; y pagos duplicados, donde conductores figuran operando más de una maquinaria al mismo tiempo. También fue observada la gestión de la municipalidad de Viña del Mar, a cargo de la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien ha sido crítica sobre la reconstrucción emprendida por el Gobierno. Aunque la militante del Frente Amplio logró aclarar parte de los cuestionamientos, persisten 17 hechos con fallas de trazabilidad en los controles aplicados durante la emergencia.
Las alertas sobre las deficiencias de gestión en el plan de reconstrucción han sido múltiples y, de hecho, ya en enero de este año la Contraloría había advertido que de 34 medidas que debían ejecutarse en 2024, ninguna se cumplió en su totalidad. A las numerosas voces expertas que han criticado las brechas de coordinación y supervisión en la ejecución del plan, se sumaron incluso los cuestionamientos de la excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, y el reconocimiento del propio Presidente Gabriel Boric -hace un mes- sobre la lentitud y “aspectos que pudieron hacerse mejor”.
No deja de sorprender, entonces, la falta de control en la ejecución de los millonarios recursos involucrados. El fondo de emergencia para la catástrofe asciende a $ 800 mil millones y hasta ahora, el organismo contralor ha fiscalizado solo el 34% del financiamiento asignado a la Delegación Presidencial, por lo que no pueden descartarse nuevas observaciones. Y si bien en una emergencia existe una exigencia de rapidez en la respuesta del Estado, esto no exime del cumplimiento de la legalidad ni del deber de resguardar el correcto uso de los recursos públicos, lo que hace urgente subsanar las fallas e identificar eventuales responsabilidades civiles, penales y políticas. La próxima administración heredará un proceso inconcluso y deteriorado en su legitimidad, cuyo encauzamiento requiere terminar con las dilaciones y las irregularidades, pues no solo están en juego recursos públicos, sino la efectiva reparación para miles de familias afectadas.
