Gasto fiscal en personal: mucho más que el reajuste

Finalmente, contrario a lo que ocurrió en 2015 y 2016, el gobierno logró un acuerdo con la ANEF, consistente en un aumento nominal de remuneraciones de 2,5%.

A primera vista podría parecer que se ha logrado el objetivo de frenar las presiones de los funcionarios (que habían pedido inicialmente un aumento de 6%), pero una mirada un poco más profunda de los números muestra que eso no es así.

Lo primero que llama la atención es que si bien este reajuste es inferior al que se dio el año pasado, de 3,2%, el informe financiero del proyecto de ley muestra un costo fiscal mayor, de US$ 1.580 millones, US$ 40 millones superior al costo del reajuste otorgado en 2016. La causa es que los otros componentes del reajuste (aguinaldos, bonos y asignaciones) tuvieron este año un comportamiento más expansivo. Esto no sólo es negativo debido a que tiende a aumentar el componente no imponible de las remuneraciones, sino porque le resta transparencia a la discusión del reajuste. A modo de ejemplo, el costo del bono de término de conflicto aumentó un 130%.

Una muestra clara de lo anterior es que si se miran sólo los reajustes acordados a fines de cada año, éstos suman un aumento real de remuneraciones de 1,6% durante este gobierno, el más bajo de los últimos períodos presidenciales. Sin embargo, los gastos en personal del gobierno central han seguido una tendencia muy distinta, acumulando entre 2014 y 2017 un aumento real que sería cercano a 25%.

La conclusión parece bastante obvia, el reajuste importa cada vez menos, y es la negociación que queda fuera de la luz pública la que realmente importa.