Un inesperado traspié está teniendo el contrato Codelco-SQM para explotar litio en el Salar de Atacama en la Contraloría General de la República (CGR). La entidad dirigida por Dorothy Pérez anunció una auditoría profunda a raíz de las reclamaciones de diputados y representantes de asociaciones indígenas, según se desprende del oficio emitido con fecha 18 de diciembre de 2025.
“CGR iniciará inédita auditoría ante denuncias de parlamentarios relativas al Acuerdo Codelco-SQM, en tanto que por orden expresa de los Tribunales de Justicia, o por tratarse de aspectos de mérito, CGR se encuentra impedida de dictaminar sobre la mayoría de las reclamaciones recibidas respecto de dicho acuerdo”, dijo esa repartición en su cuenta de X.
Según las compañías involucradas, esta decisión sólo se vincula a la denuncia de los parlamentarios y no afectaría la toma de razón del contrato, que iría por un carril separado.
Reacción de Codelco
Codelco valoró el oficio emitido por la Contraloría, en respuesta al requerimiento de un grupo de diputados y otros solicitantes, que da cuenta de la imposibilidad legal de ese organismo para pronunciarse sobre materias ya resueltas por los tribunales de justicia en relación con el acuerdo de asociación con SQM. A juicio de la corporación, el oficio "confirma que no existen observaciones de fondo pendientes sobre dicho proceso".
La estatal destacó, además, la decisión de la Contraloría de iniciar una auditoría, señalando que abordará este proceso con transparencia y profesionalismo, tal como lo ha hecho frente a las revisiones realizadas por más de 20 organismos e instituciones nacionales e internacionales que han intervenido en las distintas etapas de esta asociación.
En ese contexto, Codelco subrayó que "la auditoría permitirá ratificar la integridad, rigurosidad y solidez del proceso, incluyendo especialmente la contratación y el trabajo desarrollado por Morgan Stanley, asesor financiero que ha cumplido un rol fundamental en la estructuración de la asociación".
La compañía precisó que Morgan Stanley fue contratado mediante un proceso competitivo, en el que su propuesta resultó claramente diferenciadora frente a otros actores de primer nivel del sector, y que su labor se ha caracterizado por un enfoque técnico, riguroso y orientado a asegurar el máximo valor para el Estado en el desarrollo de esta alianza estratégica.Por otra parte, con relación a la toma de razón de los contratos de arrendamiento entre Corfo y Minera Tarar Spa, filial de Codelco, la corporación se encuentra a la espera de la resolución de la CGR tras el proceso que se inició en septiembre ante la autoridad administrativa. "Codelco reiteró su convicción de que este proceso se ha conducido con apego estricto a la legalidad, a los más altos estándares de gobernanza y en coherencia con el interés público, principios que seguirán guiando su actuación", dijo la estatal en una declaración pública.
El origen de la investigación
Los diputados que efectuaron la denuncia ante el ente contralor fueron Carlos Bianchi, Camila Musante, Raúl Soto, Cristián Tapia y Héctor Ulloa, quienes pidieron un pronunciamiento sobre la legalidad de la asociación entre Codelco y SQM.
Además de estos parlamentarios, se dirigieron a la Contraloría, por separado, el representante de la comunidad índigena atacameña de Checar, Camilo Lagos, así como la dirigenta de la comunidad atacameña de Coyo, Lady Sandón.
Estos dirigentes cuestionaron que el acuerdo Codelco-SQM se haya realizado mediante la modalidad de "trato directo y no de licitación pública" y denunciaron ante el ente contralor que se omitieron "formalidades legales en la negociación y concreción de la referida asociación", según se detalla en el oficio emitido sobre el tema por Contraloría.
Por lo mismo, el organismo dirigido por Dorothy Pérez requirió y recibió informes del Ministerio de Minería, así como de la cartera de Economía y de Corfo, que es la titular de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama que fueron la base del pacto Codelco-SQM.
La Contraloría también recepcionó el informe que sobre el tema hizo la Comisión Especial Investigadora de la Cámara.
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Valeria Ibarra
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