Indultos, la peor decisión para iniciar 2023

Al indultar a cerca de una docena de condenados en el marco del 18-O ‑los mal llamados “presos de la revuelta”-, el Presidente Boric deja fuera de duda que su dificultad para “habitar el cargo” poco tiene que ver con el protocolo y la tradición, y sí mucho con la comprensión de sus responsabilidades como gobernante.

La facultad presidencial del indulto se usó en el pasado como medida de clemencia para ancianos o enfermos graves, usualmente tras cumplir largas condenas. En este caso se trata de condenados por delitos recientes -saqueos, incendios, agresiones a la policía-, en general jóvenes y en buena salud, que además no han mostrado arrepentimiento por sus conductas.

El Presidente ha demostrado una errada comprensión de sus responsabilidades como gobernante.

Es imposible no entenderlo como una señal de afinidad política con el 18-O y como gesto a la base electoral de izquierda dura donde obtuvo su apoyo inicial en 2021. Contradice, además, sus propios dichos de segunda vuelta respecto de que los delitos violentos no podían ser perdonados. Con la delincuencia en niveles nunca vistos y siendo ésta una prioridad de la ciudadanía, el Presidente ha puesto en jaque el acuerdo por la seguridad que impulsa la ministra del Interior, quien no puede argumentar ahora que la oposición debe cargar con el peso.

El indulto al exfrentista Jorge Mateluna es más grave aún. Este ya había reincidido tras un indulto anterior y cumplía condena por robar un banco en 2013, fallo ratificado por la Corte Suprema en 2018. El Mandatario no solamente se refiere al indultado como “Jorge”, mostrando una simpatía impropia del cargo, sino que dijo tener “la más profunda convicción” de que en su juicio “hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, motivando una carta de la Suprema recordando la separación de poderes del Estado.

La réplica del Presidente ayer sobre su respeto a dicha independencia no refuta lo anterior, lo que le resta credibilidad. Políticamente, entonces, se expone no sólo al posible fracaso de un acuerdo en seguridad que es urgente, sino a las actuaciones futuras de los indultados y a la lectura que de este “perdón” puedan hacer otras personas que esgrimen las demandas sociales como motivo legítimo para el vandalismo, el robo y otros delitos.