Inversión pública: en deuda con el país

En la discusión anual del presupuesto del Estado el foco primordial suele estar en el nivel de gasto e inversión, con escaso o ningún debate acerca de la eficiencia de dicho gasto y la calidad de la gestión de los recursos. Ello, a pesar de que cada año se repite la evidencia -con información recabada y entregada por el propio Estado en mecanismos de medición diseñados ad hoc- sobre numerosos programas mal evaluados (y que, no obstante, no se eliminan) y sobre insuficiente ejecución presupuestaria, entre otros problemas.

Hasta agosto pasado, por ejemplo, la ejecución del Ministerio de Salud llegaba a apenas el 27% de los recursos asignados, pese a lo cual su presupuesto se elevaría 9,1% en 2023; en el Mineduc la ejecución alcanza el 20% y en los fondos regionales el promedio ronda el 33% (aunque en ambos casos se contempla asignarles menos recursos en el presupuesto de 2023).

Sucesivos gobiernos han centrado la discusión presupuestaria en “cuánto” gasta el Estado y mucho menos en “cómo” gasta. El resultado está a la vista.

El año próximo se proyecta que la inversión pública crezca un 5,5%, lo que parece entendible en vista de una recesión que se prevé durará hasta 2024. Sin embargo, como señala un estudio de Libertad y Desarrollo consignado en nuestra edición de ayer, dicho aumento “choca con el magro desempeño mostrado tanto por el nivel central como por los gobiernos regionales” en la ejecución de 2022.

En el caso de Obras Públicas, donde las cifras de ejecución también son pobres, su presupuesto crecerá en 11,7% y concentrará cerca del 40% de la inversión pública en 2023. Lo cual llama la atención, considerando que el gasto en su programa de concesiones al 2026 baja un 20% respecto del presentado en febrero por el Gobierno anterior (10 obras menos).

Aunque con matices, sucesivos gobiernos han centrado la discusión en “cuánto” gasta el Estado y mucho menos en “cómo” gasta. Es claro hace muchos años que el aumento de inversión pública no tiene un correlato directo en un aumento de calidad y eficiencia en el desempeño del Estado. De persistir esa dinámica, que es un círculo vicioso, difícilmente mejorarán las posibilidades de que Chile supere las falencias del sector público en áreas clave para el desarrollo como seguridad, infraestructura, educación o salud.