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Alto contrasteLa incertidumbre regulatoria y su impacto en el sistema de salud
En menos de una semana, dos noticias muy distintas volvieron a poner en evidencia el deterioro profundo del sistema privado de salud en Chile. Primero, la británica Bupa, controladora de Cruz Blanca, decidió llevar al Estado ante el Ciadi, acusando que la industria fue golpeada por una secuencia de decisiones regulatorias y judiciales que alteraron por completo el marco bajo el cual había invertido: fallos de la Corte Suprema que muchos expertos consideran jurídicamente discutibles, suspensión de alzas durante la pandemia, sentencias que obligaron a recalcular millones de planes, devoluciones masivas mediante la Ley Corta y otras obligaciones cuyo financiamiento recayó en las isapres. Para Bupa, ese conjunto de hechos implicó una tormenta que afectó su negocio.
Lo que ocurre hoy no es simplemente un ajuste de mercado. Es el reflejo de decisiones que, tomadas sin evaluar los efectos concretos, han erosionado un pilar relevante del sistema mixto chileno.
A esa señal se sumó otra aún más simbólica: UnitedHealth Group, el mayor conglomerado de salud de Estados Unidos, decidió abandonar Chile (y Colombia) vendiendo Empresas Banmédica —que compró en US$ 2.800 millones— por cerca de US$ 1.000 millones, según ha trascendido. Esta cifra podría explicarse, en parte, por la decisión de UHG de concretar aceleradamente su salida planificada de Latinoamérica (tras la venta de Brasil y Perú), pero también tras ella se esconde una pérdida gigantesca que desnuda la destrucción de valor que ha afectado a la industria. No es casualidad: cuando un actor global del tamaño de UHG concluye que el riesgo regulatorio supera cualquier perspectiva de retorno, algo estructural está fallando.
El trasfondo de estas decisiones tiene una raíz común: la incapacidad del país para enfrentar a tiempo los problemas del sistema, reemplazada por un ciclo de improvisación, señales contradictorias y, en algunos casos, un enfoque ideológico que nubló el análisis técnico. El Gobierno del Presidente Boric partió proponiendo un seguro único de salud, que implicaba en los hechos el desmantelamiento no sólo de las isapres, sino del sistema privado completo. Luego, ante la inviabilidad política y financiera de esa idea, y bajo el amparo de una seguidilla de cuestionados fallos de la Corte Suprema, giró hacia una Ley Corta que se demoró más de lo razonable y dejó sobre todo a las isapres, pero también a las clínicas privadas, navegando meses en la incertidumbre. El resultado es conocido: empresas debilitadas, prestadores tensionados y millones de usuarios beneficiarios sin claridad sobre su futuro.
Lo que ocurre hoy no es simplemente un ajuste de mercado. Es el reflejo de decisiones que, tomadas sin evaluar los efectos concretos, han erosionado un pilar relevante del sistema mixto chileno. Cuando la regulación oscila entre la omisión y la ideología, la consecuencia inevitable es la pérdida de valor, la salida de inversionistas y el aumento del riesgo país. Y al final, aunque parezca abstracto, quienes pagan los costos no son las compañías: son los beneficiarios y pacientes, que quedan atrapados en un sistema que se quedó sin certezas y sin rumbo.
