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Alto contrasteLas advertencias del Consejo Fiscal Autónomo
La opinión del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) era una de las más esperadas en la discusión del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación del gobierno, por la profundidad y rigurosidad del análisis técnico que realiza respecto de las finanzas públicas. Y en este caso, pone bajo la lupa varios aspectos que, lejos de constituir un rechazo al fondo de la iniciativa, se instalan como un llamado de atención oportuno sobre su sostenibilidad, particularmente en un contexto de estrechez fiscal, donde las holguras son limitadas y las presiones de gasto persisten.
En su diagnóstico, el CFA aunque valora la orientación procrecimiento del proyecto, plantea que presenta un “déficit persistente” en todo el horizonte de evaluación, con un deterioro que alcanza un máximo de 0,71% del PIB en 2030 y se mantiene en 0,43% del PIB hacia 2050. Y, entre 2026 y 2031 la iniciativa genera un impacto fiscal neto negativo, lo que, a su juicio, obliga a buscar fuentes de financiamiento adicionales que hoy no están contempladas. Este punto es determinante, ya que mientras los menores ingresos fiscales derivados de rebajas tributarias o incentivos se materializan, los efectos positivos sobre el crecimiento y la recaudación serían graduales y, sobre todo, inciertos.
El desafío es lograr un equilibrio entre impulsar la economía sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Incluso incorporando el efecto de segunda vuelta —es decir, el mayor crecimiento esperado—, el Consejo estima que en 2030 el balance fiscal seguiría siendo deficitario en torno a 0,3% del PIB. Solo en el largo plazo el escenario mejora, con un eventual superávit de 0,78% del PIB en régimen, pero sujeto a que se cumplan supuestos de crecimiento que tanto el CFA como el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideran optimistas.
Con todo, sería un error desestimar el fondo del proyecto. Chile necesita retomar el crecimiento, fortalecer la inversión y recuperar el empleo, y en esa línea varias de las medidas propuestas apuntan en la dirección correcta. La agilización de permisos junto con incentivos a la contratación, constituyen señales procrecimiento que el país requiere. A ello se suma un elemento clave que el propio CFA valora: el foco en la eficiencia del gasto público, entendido como un pilar para fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.
El problema, entonces, no es el objetivo, sino la forma en que se financia y se calibra en el tiempo. Por lo mismo, el énfasis debiera estar en perfeccionar la iniciativa más que en bloquearla. En esa línea las recomendaciones del CFA ofrecen acciones concretas a considerar: avanzar hacia la neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo, reforzar las fuentes de financiamiento permanentes, ajustar la gradualidad de algunas medidas y someter los supuestos de crecimiento a escenarios de estrés. A ello se suma la necesidad de un acuerdo político amplio que otorgue viabilidad a las correcciones.
El desafío es lograr un equilibrio entre impulsar la economía sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. El proyecto del gobierno abre una oportunidad en esa dirección, siempre que se escuchen las advertencias técnicas y se introduzcan los ajustes necesarios. Ignorarlas, en cambio, podría terminar erosionando precisamente aquello que se busca fortalecer.
