VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteLey Lafkenche y la necesidad de corregir el rumbo
La masiva convocatoria al SalmonChile Summit 2026 dejó una clara señal política y económica. A diferencia de lo ocurrido hace dos años —cuando las sillas reservadas para autoridades quedaron vacías—, esta vez el Teatro del Lago de Frutillar estuvo lleno y con una fuerte presencia del Gobierno. El Presidente José Antonio Kast, ministros, subsecretarios y representantes de la industria coincidieron en que Chile necesita recuperar competitividad y volver a crecer. Pero para que eso ocurra se requiere avanzar con decisión en entregar certeza jurídica.
Y en este foro la Ley Lafkenche se transformó en el símbolo de ese debate. No se cuestiona el origen legítimo de una norma destinada a reconocer derechos ancestrales y proteger usos consuetudinarios del borde costero. El problema ha surgido en su implementación. Las extensas solicitudes de espacios marítimos, los efectos suspensivos automáticos y la falta de proporcionalidad han terminado generando incertidumbre para múltiples actividades económicas, particularmente para la salmonicultura.
Resulta relevante que el Ejecutivo haya reconocido la necesidad de introducir cambios que permitan corregir distorsiones.
Las cifras muestran la magnitud del problema. Actualmente existen 105 solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo) en revisión, equivalentes a más de 3 millones de hectáreas bajo análisis. En contraste, solo 41 solicitudes han sido aprobadas, por cerca de 217 mil hectáreas.
El desbalance evidencia un sistema sobrecargado y con crecientes efectos sobre actividades productivas en regiones como Los Lagos y Aysén, donde se concentran más de 2 millones de hectáreas en tramitación. Casos como el de Isla Huichas y Cisnes —que llegó a involucrar 600 mil hectáreas— reflejan la dimensión territorial que ha adquirido el debate y el impacto que puede tener sobre la inversión, el transporte marítimo, la pesca artesanal y la acuicultura.
En este contexto cobra relevancia la propuesta impulsada por la mesa de trabajo “Plan Salmón 2050”, integrada por gremios, sindicatos, autoridades locales y representantes del mundo académico. La instancia planteó modificar la Ley Lafkenche para que la acreditación del uso consuetudinario deje de depender de la Conadi y pase a ser competencia de los Tribunales de Justicia, mediante procedimientos no contenciosos. El objetivo es agilizar tramitaciones, reducir tiempos de espera y entregar mayor certeza jurídica a proyectos paralizados. La transversalidad de la propuesta demuestra que el debate dejó de ser sectorial y pasó a convertirse en un tema de desarrollo regional.
Cuando las reglas dejan de ser claras, las inversiones se paralizan y el país pierde competitividad frente a otros mercados. Por eso resulta relevante que el Ejecutivo haya reconocido la necesidad de introducir cambios y fijado plazos para ingresar indicaciones que permitan corregir distorsiones. Revisar los efectos suspensivos, exigir criterios más estrictos para acreditar uso consuetudinario y equilibrar los distintos usos legítimos del borde costero parecen pasos razonables y necesarios.
La certeza jurídica no implica debilitar estándares ambientales ni desconocer derechos indígenas. Por el contrario, supone establecer reglas claras, transparentes y predecibles para todos los actores. Ese equilibrio es precisamente el que permite compatibilizar desarrollo económico, protección ambiental y cohesión social.La señal que dejó Frutillar es positiva justamente porque reinstala la necesidad de una alianza público-privada basada en reglas claras y exigentes. En un país que necesita volver a crecer, la certeza jurídica dejó de ser solo una demanda empresarial; hoy es una condición indispensable para el desarrollo.
