Monitoreo de las políticas públicasL
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Un informe elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) durante 2012, el que proyectaba el gasto en el que incurriría el Estado hacia el año 2050 para el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería, ya alertaba sobre el fuerte aumento que en ese ítem implicaban los bonos y asignaciones especiales que se entregaban a los funcionarios en la hoy convulsionada repartición dependiente del Ministerio de Justicia.
El documento estimaba que el gasto fiscal por pensiones de Capredena (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) alcanzaría en 2050 a US$ 4.200 millones, mientras en Dipreca (Carabineros y Gendarmería) el costo llegaría a US$ 7.921 millones. En el primer caso, consideraba un alza anual de 2,6% y en el segundo, de 6%. La razón de esta diferencia lo da el mismo reporte, al señalar que entre los factores se cuentan el aumento de la dotación y, también el efecto en las pensiones que están teniendo asignaciones y bonos de estos funcionarios.
El informe de la Dipres buscaba advertir sobre los riesgos para la sustentabilidad financiera del sistema, pero claramente debió convertirse en esa oportunidad en un llamado de atención respecto de cómo se estaba ejecutando la entrega de estos bonos y asignaciones.
Es de Perogrullo que las políticas públicas deben perseguir el bien común y que deben ser eficaces y bien gestionadas, pero muchas veces decisiones en la teoría correctas pierden sentido por la falta de seguimiento sobre sus resultados y de monitoreo sobre su aplicación. Los recursos fiscales escasos, sobre todo en períodos de bajo crecimiento, deben ser resguardados con absoluto rigor y competencia.
