De ese total, hay 21 iniciativas presentadas a través de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que tienen procesos ante la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que involucran US$ 6.800 millones. En ese grupo hay 13 reclamaciones que están excedidas del plazo legal de resolución.
Asimismo, hay otros 21 proyectos ingresados vía Estudio de Impacto Ambiental (EIA) cuyos recursos están en el Comité de Ministros, involucrando US$ 9.600 millones, estando 10 de ellos vencidos en su período de reclamación.
Si bien en la plataforma del SEA figuran 51 proyectos con reclamos hasta el 10 de marzo, nueve de ellos corresponden a recursos de reclamación que involucran proyectos con calificación ambiental desfavorable. De esta manera, el nuevo Gobierno busca abordar exclusivamente los 42 proyectos que ya consiguieron su RCA.
De acuerdo con la instrucción, que busca resolver atascos, se plantean plazos acotados para destrabar obras. Así, los tiempos efectivos de una reclamación interpuesta ante la Dirección Ejecutiva del SEA serán de 30 días hábiles. En el caso de recursos ante el Comité de Ministros se estipulan 60 días hábiles.
En tanto, de acuerdo con lo informado por el Gobierno este miércoles, en el caso de recursos vencidos, la resolución máxima es de 90 días corridos desde la recepción del oficio respectivo.
Además, se establece la publicación periódica de estadísticas en el sitio web del SEA.
Del total de 42 iniciativas, 22 corresponden al sector energético, mientras otras ocho al minero.
Entre los proyectos que destacan en el listado está Maratué, iniciativa inmobiliaria de la familia Lería en la Región de Valparaíso, que abarca una inversión de US$ 2 mil millones. En la última citación del Comité no se puso en tabla, siendo que actualmente representa una inversión relevante que sigue pendiente de revisión en dicha instancia ministerial.
En la lista también figura el proyecto Volta, de la compañía MAE, la cual obtuvo su permiso ambiental favorable, convirtiéndose en el primer proyecto de amoníaco verde a escala industrial en lograr esta autorización clave.
Y, también, destaca la megalínea Kimal-Lo Aguirre que actualmente está en construcción.
Expertos
Los expertos consultados respaldan el plan del Ejecutivo. Para el socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, Ignacio Urbina, se busca dar certeza sobre los tiempos que demora la autoridad ambiental en resolver reclamaciones en torno a las RCA. “Esto es muy importante, porque la viabilidad de los proyectos se confirma cuando las RCA no tienen recursos pendientes, facilitando las vías de acceso a financiamiento y posterior ejecución”, dice.
Añade que, “en la práctica, el Comité de Ministros y la dirección ejecutiva del SEA deberán dar una atención prioritaria a las reclamaciones pendientes, para resolverlas dentro de los plazos indicados, dentro de sus atribuciones”.
Urbina reafirma: “Es una buena medida, porque agiliza un proceso que está en la ruta crítica de los proyectos y está completamente dentro de las facultades del Poder Ejecutivo”.
El exdirector ejecutivo del SEA, Ignacio Toro, señala que el SEIA está para asegurar dos elementos extremadamente sencillos: “Lo primero es identificar cuáles son los impactos significativos y, lo segundo, qué medidas se van a implementar para minimizar dicho impacto”, sostiene. A su juicio, “es impresentable como país que tardemos más de dos años en definir esas dos cosas. Establecer metas para resolver en 90 días estas dos cosas me parece un plazo, desde el punto de vista de la gestión, más que suficiente. Esto siempre se ha podido hacer”.
Por esto, en cuanto a la viabilidad de conseguir el objetivo, afirma: “Me parece que es una excelente medida, no solo por desafiar a la institucionalidad (estoy convencido que los profesionales del Estado pueden hacerlo), sino por la señal potente que se manda (...). Tengo mucha esperanza de que esta administración va a liberar recursos humanos que hoy se dedican a analizar temas que no son relevantes y va a concentrar los esfuerzos en lo medular. Creo, honestamente, que el resultado será una calificación más clara y más ágil sin disminuir estándar, o incluso, mejorándolo”.
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